La jueza Mercedes Alaya se enfrenta a una sanción disciplinaria por falta leve del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) por cuestionar las instrucciones de algunos jueces, especialmente en lo relativo a los casos de corrupción en Andalucía.
El Promotor de Acción Disciplinaria del poder judicial, Ricardo Conde, ha enviado la documentación de la investigación al TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), que tendrá que pronunciarse sobre si archiva el caso o, por el contrario, impone algún tipo de sanción.
Según publica Europa Press, esta queja fue archivada el 6 de noviembre por el poder judicial al entender que los comentarios no eran sancionables. Por el momento, el tribunal andaluz no tiene una decisión tomada, pero afirma que se le recomendará a la jueza ser más prudente con sus afirmaciones en un futuro.
El motivo principal del expediente son las declaraciones que realizó la magistrada en el Club Siglo XXI el 4 de junio. Mercedes Alaya denunció haber sufrido presiones cuando fue instructora en las macrocausas de los casos ERE, Marcasevilla o los cursos de formación. Además, aseguró que esas presiones son "absolutamente comprobables" en la hemeroteca y que "los políticos utilizan a los medios para presionar al poder judicial". También criticó que la elección del Fiscal General del Estado por parte del gobierno fue motivada por afinidades políticas, por lo que seguiría directrices de partidos políticos.
Pero estas no fueron las únicas acusaciones lanzadas por la magistrada, que denunció haber sido apartada de su puesto de trabajo mediante engaños. Cuenta que la prometieron seguir llevando los casos de los ERE y los cursos de formación si aceptaba un puesto creado exclusivamente para ella. Tras aceptar el ascenso, estas causas fueron asumidas por María Núñez Bolaños, que archivó muchos de los casos incluso contando con la oposición de la Fiscalía.
"Había un acuerdo político evidente entre el PP y el PSOE"
La jueza Mercedes Alaya se ha pronunciado en una entrevista que publica el diario ABC, donde ha afirmado que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder Judicial para apartarla de las macrocausas por miedo a que continuara descubriendo hechos "sumamente graves".
La magistrada también asegura que su salida no fue motivada por el caso ERE, sino que se debió unicamente a la investigación que estaba llevando a cabo sobre los cursos de formación. "En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más". Y afirma que la causa real de la denegación de la comisión de servicios fue motivada porque se estaban descubriendo cosas "asombrosas" en lo relativo a los cursos de formación, aunque no especifica los descubrimientos de la investigación.
Sin embargo, sí que apunta a un posible pacto de colaboración entre PP y PSOE: "Había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas".
Además señala: "En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE". Los sospechas de presuntas irregularidades en los cursos de formación sí que se han extendido a algunas comunidades autónomas. La más sólida se encuentra en Madrid, donde la pieza del Caso Aneri investiga concesiones fraudulentas por parte de la patronal.
