El estallido del caso Football Leaks por la red de periodismo EIC se ha cobrado una víctima ampliamente conocida a nivel mundial: Cristiano Ronaldo. Hacienda atribuye al astro un fraude de 14,7 millones de euros entre los ejercicios de 2011 y 2014 a la hora de tributar sus derechos de imagen. Ahora, tras su pacto con Hacienda, finalmente deberá pagar 19 millones de euros y dos años de cárcel, que no cumplirá porque no cuenta con antecedentes penales.
Según el artículo 305 bis del Código Penal, el delito cometido por Cristiano Ronaldo se castiga con "pena de prisión de uno a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada". Es decir, Cristiano Ronaldo podría entrar en prisión, aunque no tenga antecedentes penales.
La intención del futbolista pasó por reconocer los cuatro delitos y devolver la cantidad defraudada. Pero fue tarde: tan solo podría haber garantizado una sanción administrativa si hubiese devuelto la cantidad durante el período posterior a los dos meses en los que recibió la citación del juez. En dicho caso, según establece el artículo 308, su pena se habría reducido en uno o dos grados, lo que implicaria pasar a un arco de 1 a tres años: sin antecedentes penales no habría entrado en la cárcel. Ahora, tras firmar un acuerdo, conseguirá evitar la prisión.
Con el final de este caso, consigue triunfar con una estrategia que ya había dejado entrever el pasado mes de junio de 2017, poco después de la llamada del juez, y apelando a una "muestra de buena voluntad". Entonces, el ofrecimiento no llevó a buen puerto.
Quizás con todo ello, el precedente que sentaría esta circunstancia es peligroso: defraudar hasta 14,7 millones de euros por tus derechos de imagen no puede quedar en un simple 'devolver lo robado'. Quizás más de uno tendría la tentación de 'probar suerte'.
Además, el mencionado artículo 305 también apela a cuantías superiores a cincuenta mil euros. Y, además, no olvidemos que este delito se ha producido de forma continuada: entre los ejercicios de 2011 y 2014.
El precedente de Lionel Messi o Arantxa Sánchez Vicario
Las últimas tres décadas han supuesto un cúmulo de escándalos financieros en personalidades de todos los ámbitos de la sociedad. Entre ellos, Montserrat Caballé, Ana Torroja o Lola Flores.
En el mundo del deporte, destaca el precedente de Lionel Messi. El astro blaugrana fue condenado el pasado 7 de julio de 2016 por un delito de fraude fiscal. La reducción de la pena inicial (21 meses, en el límite de su entrada en prisión), llevó a que finalmente pagase una multa de 2,093 millones de euros por tres delitos contra la Hacienda Pública.
Messi dejó de pagar al fisco una cantidad de 4,1 millones de euros de los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen. Una cuantía lejana a la de Ronaldo pero que, en definitiva, se realiza en el mismo tipo de pago.
Por su parte, la tenista Arantxa Sánchez Vicario también fue condenada por pagar 3,48 millones de euros a Hacienda al considerar que su residencia real se situaba en España y no en Andorra.
La mayoría de casos de este tipo se saldan con una multa, aunque la cantidad evadida por Ronaldo supera con creces a la mayoría de casos similares, como el de Javier Bardem o Bertín Osborne.
No hay condena pública
La cantidad de seguidores o el carisma que representa a los personajes de la farándula, pueden ser el motivo para que sus delitos contra Hacienda no vayan acompañados de una condena pública.
Por ello, quizás, los seguidores de Ronaldo llegaron a iniciar una recogida de firmas para que Hacienda perdonase la deuda y evitase una previsible condena que ahora puede materializarse.
Los precedentes en torno a la falta de condena de estos casos se han producido durante las últimas décadas. Las condenas de personajes tan variados como Lola Flores, Messi o Ronaldo; no han supuesto un daño en su imagen pública.
No olvidemos en este punto el curioso precedente de Jesús Gil. Condenado e imputado por una larga de delitos de corrupción, el exlíder del Atlético de Madrid repitió en la alcaldía de Marbella hasta que la Justicia le inhabilitó para ostentar cualquier cargo público (lo que no impidió que sus pupilos Julián Muñoz o Marisol Yagüe continuaran al frente de la localidad). Gran parte de sus vecinos llegaron a manifestarse considerando que se trataba de un "preso político". Finalmente, su partido se disolvió después de que se organizase una gestora tras la detención de la última alcaldesa del GIL, Marisol Yagüe: nadie consiguió ganarles en las urnas.
