Rodrigo de Santos, un expolítico de la cúpula del PP de las Islas Baleares, deberá sentarse nuevamente en el banquillo: el magistrado Juan José de Escalonilla ha decidido procersarle por siete violaciones y dos delitos más de agresión sexual. El juez considera que hay indicios suficientes de que De Santos se aprovechó de su trabajo en una ONG con presos en semilibertad para abusar al menos de dos de ellos: les chantajeaba con devolverlos a prisión.
Pero el historial de este político, que estuvo llamado a liderar el PP de baleares, esconde muchas sombras. Rodrigo de Santos, durante su periplo en la política balear se asentó en dos pilares principales: una dura represión a la corrupción, y unas fuertes convicciones religiosas. Su carrera política prometía dentro de las filas del PP, pero todas sus esperanzas se truncaron cuando se le condenó por gastar dinero público en prostíbulos masculinos, y otra por abusos sexuales a menores.
Después de haber cumplido una primera pena de prisión, el exconcejar está siendo investigado de nuevo por una agresión sexual. En esta ocasión, un juzgado de Madrid lo ha imputado por haber utilizado presuntamente su puesto en una ONG para coaccionar a presos de tercer grado. Según informa El Diario, la investigación apunta a que De Santos les obligaba a mantener relaciones sexuales si no querían exponerse a un informe negativo que les devolviese a la cárcel.
Ahora el juez le ha procesado por violar en varias ocasiones a uno de los presos con los que trabajaba la ONG. El magistrado Juan José Escalonilla, ha considerado que hay indicios suficientes de que De Santos utilizó su trabajo en una ONG con presos en semilibertad para abusar al menos de dos de ellos. El magistrado instructor ha impuesto a Rodrigo de Santos una fianza de 44.000 euros como indemnización por daños morales a sus víctimas. El auto dictado por el juez el pasado 6 de mayo de 2019, acerca a Rodrigo de Santos al banquillo de los acusados por tercera vez.
Gastó dinero público en prostíbulos gays
Durante su etapa como alcalde de Palma y concejal de Urbanismo, entre 2003 y 2007, se labró un perfil de incorruptible. Según María Umbert, la exjefa de Gabinete de Jaume Matas, "en el contexto balear, en el que se hablaba de comisiones y demás, De Santos era un poco como el que se enfrentaba con todos". Nunca fue sospechoso de corrupción, y junto a esta imagen, el burgalés también se esforzó en mostrar en público sus profundas convicciones religiosas.
Cuando el Gobierno de Zapatero aprobó el matrimonio homosexual, De Santos se mantuvo cercano a otros políticos populares que estaban en contra de la medida, y anunció que no casaría a parejas homosexuales. Casado y padre de familia numerosa, siempre que podía hacía gala de su perfil ultracatólico.
Todo comenzó a truncarse en 2008, cuando la Fiscalía le acusó de gastarse 50.000 euros de dinero público en prostíbulos gays y cocaína. Para ello utilizó la tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP), dejando rastro de todos sus movimientos. En este momento, se vio incapaz de desmentir las evidencias, y achacó su comportamiento al consumo de drogas. Así pidió perdón a los ciudadanos de Baleares y devolvió todo el dinero.
Abusó de menores
Su carrera política se había arruinado y tuvo que mudarse a Madrid para rehacer su vida con su familia. Pero la investigación seguía avanzando, y poco tiempo después, De Santos fue detenido acusado de abuso sexual a menores. En octubre de 2009, fue condenado por este caso a 13 años de cárcel. La Fiscalía pidió 11 meses más, pero los jueces le aboslvieron del delito de corrupción de menores, y no le condenaron por ir otro menor, de 16 años e hijo de un matrimonio amigo, a comprar hachís y después a contratar a una prostituta para el menor.
La sentencia considera probado que abusó de dos menores a los que había conocido en ceremonias del Camino Neocatecumenal. Allí se ganó la confianza de sus padres, e invitaba a sus hijos a pasar una noche en su casa con su familia. En el texto se describe con detalle cómo él se las ingeniaba para colarse en su habitación y abusar de ellos. Pero la mayor reducción de la condena la firmó el Tribunal Supremo, por la que Adolfo Prego dejó la pena en cinco años, al considerar dudoso que uno de los menores diera o no su consentimiento para mantener relaciones sexuales con el exconcejal.
El expolítico consiguió un tercer grado tras ser contratado en una explotación ganadera de su familia, por lo que pudo salir de la cárcel en 2014. En 2015, después de criticar al PP balear y declarar que se había financiado ilegalmente, tuvo la oportunidad de explicarse en una comisión parlamentaria. En esta ocasión De Santos se mostró arrepentido por todo lo que se le había condenado, y pidió perdón, quizás demasiado tarde.
