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Política

Rita Barberá, imputada por el Supremo

El 21 de noviembre la ex alcaldesa de Valencia acudirá a declarar en relación con el caso Taula, que investiga el blanqueo de dinero por parte de casi 50 personas, entre ellas el PP como persona jurídica

El Tribunal Supremo ha llamado a declarar a Rita Barberá el 21 de noviembre por el presunto blanqueo cometido por el PP en el Ayuntamiento de Valencia en la época en la que Barberá era alcaldesa de la ciudad, informa El País, después de varios intentos por imputar a la senadora

Barberá acudirá a los tribunales de forma voluntaria para que el juez pueda interrogarla antes de decidir si pide al Senado poder actuar contra ella o archiva la causa.

Aunque haya intentado evitarlo, Rita ha sido imputada
"Aunque haya intentado evitarlo, Rita ha sido imputada"

El 13 de septiembre el Supremo abrió una causa contra Rita Barberá para investigarla, tras lo cual anunció su baja en el partido. Sin embargo, la exalcaldesa insistió en mantener su puesto de senadora, por lo que sigue aforada y solo el Supremo puede investigarla. 

El Supremo ha destacado que los hechos conocidos hasta ahora pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. Esta investigación se enmarca en el caso Taula, en el que ya se ha imputado a 47 personas, entre ellas el propio Partido Popular en calidad de persona jurídica. Se investigan donaciones de 1000 euros por parte de concejales y asesores del PP, a los que se les devolvía en dos billetes de 500, como una forma de blanqueo de dinero. En el auto, el magistrado dice de Barberá que es "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros".

El PSOE quiere ejercer de acusación popular

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, así lo ha anunciado
"El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, así lo ha anunciado"

El magistrado que lleva el caso, Conde-Pumpido, obliga al PSOE a pagar una fianza de 3000 euros para poder ejercer de acusación popular contra Barberá, y además advierte del peligro que supone que un partido político ejerza la acusación contra una persona que pertenece a un partido contrario, en un "serio riesgo de judicialización de la política", en palabras de Conde-Pumpido.

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