El rey Juan Carlos I ha presentado una regularización fiscal al Ministerio de Hacienda por las cantidades no declaradas de sus gastos con una tarjeta de créditos y con unos fondos cuyo origen no forma parte de una investigación de la Fiscalía.
La iniciativa que lleva a cabo el monarca consiste en un escrito presentado por su abogado ante la Agencia Tributaria que el organismo del Ministerio de Hacienda está estudiando en estos momentos. Sería una especie de amnistía fiscal con la que el rey emérito intentaría reducir las consecuencias penales a las que se enfrenta por sus escándalos.
Con este movimiento intenta saldar sus cuentas pendientes con Hacienda a raíz de una investigación abierta en el seno de la Fiscalía Anticorrupción y que ahora se encuentra en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforado el monarca.
Si fuera aceptada por Hacienda, el asunto se saldará con el pago de las cantidades defraudadas y una multa. La citada información asegura que la Agencia Tributaria estudia aún la propuesta del letrado Javier Sánchez-Junco.
La Fiscalía Anticorrupción abrió en 2019 una investigación ante el uso aparentemente fraudulento de las tarjetas. El Ministerio Público intenta comprobar si los gastos de estas tarjetas superaron los 275.000 euros entre 2016 y 2018 en un solo ejercicio, lo que conllevaría pagos a Hacienda por 120.000 euros anuales, la cantidad defraudada a partir de la cual se abren las investigaciones penales.
El rey Juan Carlos era inviolable hasta el año 2014, cuando todavía era Jefe del Estado, por lo que todas las investigaciones se centran en los hechos que pudiera haber cometido con posterioridad a ese año. La Fiscalía ya ha interrogado al millonario mexicano del que procedería el dinero gastado con las tarjetas, Allen Sanginés-Krause, y al teniente coronel retirado, Nicolás Murga Mendoza, también retirado, y que habría ejercido de vehículo para el uso de esos fondos.
Únicamente a dinero gastado con tarjetas opacas
La regularización fiscal se ciñe únicamente a las cantidades gastadas con las citadas tarjetas opacas y no a posibles bienes en el extranjero, objeto de otra línea de investigación en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía suiza desde que se supiera en marzo pasado que Arabia Saudí entregó 60 millones de euros a Juan Carlos I en 2008, cuando era Jefe del Estado y que los escondió en Suiza hasta que los transfirió en 2012 a Corinna Larsen.
El fiscal suizo Yves Bertossa creee que proceden de una comisión por la construcción del AVE a La Meca en la que participó un consorcio de empresas españolas. La regularización de fiscal de los gastos de las tarjetas, disfrutados por el rey emérito y otros miembros de la familia real como la reina Sofía, allanaría el futuro judicial de Juan Carlos I, cuando la Fiscalía ha llegado a concluir que los presuntos delitos del dinero de Arabia Saudí están amparados por la inviolabilidad del monarca.
El Ministerio Público, ahora, ultima una propuesta para archivar la causa contra el emérito en este sentido, con una detallada exposición en la que recoge todas las irregularidades cometidas por el monarca cuando era jefe del Estado.
