Cuatro años después del estallido de la pandemia del coronavirus, la agenda política se está viendo marcada por la salida de escándalos vinculados a la crisis sanitaria. Casos que han llegado a los tribunales, han provocado la expulsión de ex ministros y han supuesto un duro golpe para figuras de primer nivel en la arena política.
En estos momentos, la actualidad se ha visto marcada por diversos nombres en tramas que han salpicado incluso a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, al ministro Ángel Víctor Torres, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
1 Caso Mascarillas
El coronavirus golpeó la capital en 2020 y el Ayuntamiento de Madrid se ha visto involucrado en una trama relacionada con la venta de mascarillas, situada entre las primeras en aflorar tras la crisis sanitaria derivada del coronavirus.
Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño obtuvieron seis millones de euros a través de comisiones por la venta de un millón de mascarillas, entre otro material sanitario, que ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid, con un precio inflado hasta un 80%.
Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado una pena de cárcel de 9 años para Medina y 15 años para Luceño. Anticorrupción señala que Madrid fue la ciudad de más de 300.000 habitantes donde se pagaron más caras las mascarillas, test rápidos y guantes de nitrito.
Medina y Luceño habrían aprovechado su situación en la élite empresarial de Madrid para cerrar estos contratos. En el caso, trascendieron también conversaciones de WhatsApp, entre Alberto Luceño y un alto cargo del Ayuntamiento para la compra del material, Elena Collado. El 26 de marzo de 2020, durante la negociación con el Ayuntamiento para estos contratos, Luceño escribió: "Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida".
La conversación fue entregada por la propia Collado a la Fiscalía Anticorrupción, que incluye diálogos entre el 23 de marzo de 2020 y hasta noviembre, poco antes de que los investigadores exigieran información al Ayuntamiento pro este caso. Cuando empezaron las conversaciones, Luceño y su socio Medina ya habrían acordado inflar los precios de las comisiones millonarias, según la Fiscalía.
2 Caso de Tomás Díaz Ayuso
En el centro de la polémica también se situó la comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por intervenir en la compraventa de mascarillas desde su administración regional.
Se trata de un contrato de 1,5 millones de euros que la Consejería de Sanidad adjudicó a dedo a la empresa Priviet Sportive SL, a cambio de la llegada de 250.000 mascarillas para uno de los pabellones de IFEMA en 2020, en la peor época de la pandemia.
La empresa, que no tiene vinculación con el sector sanitario, también tiene a un amigo de la infancia de la presidenta madrileña. "¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?", se cuestionó entonces el presidente del PP, Pablo Casado, en una polémica declaración que contribuyó a su salida como líder de la formación conservadora.
La administración madrileña negó irregularidades y reconoció comisiones por un valor de 283.000 euros, que después la Fiscalía redujo a 234.000 euros. Sin embargo, La Fiscalía no apreció ninguna irregularidad en este caso, que quedó archivado, aunque no se certificó la calidad de las mascarillas.
3 Caso Koldo
El Caso Koldo afecta directamente al ex asesor de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la crisis sanitaria. Por este motivo, el PSOE ha ordenado la expulsión de su Grupo Parlamentario y Ábalos finalmente ha recalado en el Grupo Mixto del Congreso.
El escándalo estalló en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a 19 personas acusadas de desarrollar una trama de comisiones ilícitas y obtención de contratos públicos durante la peor época de la crisis del coronavirus. Koldo habría aprovechado su influencia y contacto con las instituciones para facilitar la concesión de contratos públicos.
En la red también se sitúa como otros cabecillas a los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, que presuntamente empleaban la sociedad Soluciones de Gestión para facturar importantes cantidades de dinero a instituciones dirigidas por el PSOE.
Baleares
En el marco del escándalo Koldo, la oposición ha señalado a la ex presidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tercera autoridad del Estado. Su sucesora, Marga Prohens (PP) reclama judicialmente la devolución de 3,7 millones de euros correspondientes al cargamento de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo.
La reclamación se corresponde con un cargamento de mascarillas FFP2 que fueron concertadas con esta empresa, sin embargo, una parte del pedido se recibió como mascarillas quirúrgicas, de menor valor y efectividad, también más baratas.
Estas mascarillas quirúrgicas no fueron nunca empleadas y el Govern balear las empleó como stock, aunque finalmente caducaron sin ningún uso. El caso no tuvo mayor trascendencia y solo un día antes de la toma de posesión de Progens como presidenta, el 6 de julio de 2023, se firmó una reclamación de 2,6 millones de euros: se correspondía con la diferencia entre los 3,7 millones de euros y el valor real de las mascarillas. El actual ejecutivo solicita ahora la devolución completa del dinero.
Por este caso, la oposición ha solicitado formalmente la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso: "Fue presuntamente una colaboradora necesaria", ha expresado el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.
Canarias
La trama canaria del caso Koldo ha situado en el centro de la polémica al ex presidente del archipiélago y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Su Ejecutivo también firmó un contrato con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas en 2020.
Los técnicos de la Audiencia de Cuentas de Canarias concluyeron que "las excepcionales condiciones que presiden la tramitación de emergencia" no excusaban "la ausencia de comprobación", así como la falta de "requisitos mínimos de calidad". Cabe destacar que se trataba de una empresa sin experiencia en el sector.
El caso continuó en mayo de 2022, cuando la Ausencia de Cuentas recibió una propuesta de "fiscalización de los efectos de la Covid-19 en el presupuesto" y se situó este contrato como un ejemplo para no repetir. "Las circunstancias", afirmaba el documento, "motivaron que el material recepcionado, a tenor de los informes realizados por los servicios de prevención, no se considerasen aptos para cumplir con el objetivo de solventar los problemas provocados por la pandemia".
Los contratos firmados por el Servicio de Salud del Gobierno de Canarias suman 12 millones de euros y el expediente fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los gastos fueron asignados a los fondos europeos, en un importe al que finalmente se ha renunciado tras recibir una petición de explicaciones desde la Comisión Europea.
4 Caso Alberto González
Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de actualidad después de que la Fiscalía Provincial de Madrid le haya denunciado por el presunto fraude de 350.951 euros. El caso ha tomado especial relevancia después de conocer que González llegó a ofrecer un acuerdo para evitar una pena mayor.
La empresa Maxwell Cremona, de la que González aparece como único propietario, facturó 2,33 millones de euros en 2020. De esta cantidad, prácticamente el 85% del dinero (1.973.000 euros), se corresponden a honorarios por la intermediación con FCS Select Producto, según explicó González a Hacienda.
Esta última sociedad, FSC Select, es una empresa que se dedicaba en exclusiva al sector de las bebidas hasta 2020, cuando comenzó a distribuir mascarillas y guantes. La Agencia Tributaria destaca en un informe de 200 páginas el secretismo respecto a esta sociedad.
Según la Agencia Tributaria, se han detectado gastos ficticios que "no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021".
González aparece como "un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos", pero nunca como comprador ni vendedor. Tras la firma del acuerdo entre ambas sociedades, Maxwell Cremona ingresó el 5 de mayo de 2020 834.320 euros por "comercialización de clientes" y, tres meses después, justifico 1.138.680 euros bajo el mismo concepto.
La compra de estas mascarillas partió del directivo de Quirón, Fernando Camino, que administra la empresa que adquirió el material que derivó en 2 millones de euros como intermediación en la peor época de la pandemia. La empresa, que ya contaba con los servicios de González como consultor, es propiedad de este directivo de Quirón, que también creó la sociedad panameña que la pareja de la presidenta madrileña dirigió hasta 2022.
La Junta de Andalucía también firmó un contrato con FCS Select durante la primera ola de la pandemia, para proveer al Servicio Andaluz de Salud de tres millones de mascarillas quirúrgicas destinadas a los centros de salud de la comunidad.
