Retrasar la edad de jubilación es una medida que favorece la sostenibilidad del sistema de pensiones al aumentar el tiempo de cotización y permitir que los futuros pensionistas obtengan una prestación más alta gracias a las bonificaciones.
Sin embargo, este retraso en el retiro puede tener consecuencias negativas para la salud y la esperanza de vida, especialmente en las personas de entre 60 y 69 años. Un estudio reciente de Fedea señala que la tasa de mortalidad en este grupo aumenta considerablemente por cada año adicional que permanecen en su trayectoria profesional.
El estudio, realizado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, analiza datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Seguridad Social, cruzándolos con las tasas de mortalidad asociadas por edades.
Según el informe, "retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 4,4 puntos porcentuales (38%)". Este incremento en la mortalidad se atribuye principalmente a la pérdida de acceso a los regímenes de jubilación anticipada.
El análisis también revela que quienes trabajaron en empleos peligrosos o de bajo valor personal son los más afectados en términos de mortalidad, aunque suelen retrasar su jubilación en menor medida debido a los coeficientes reductores que les permiten retirarse antes sin penalizaciones significativas.
Este es el caso de los trabajadores en sectores como la minería del carbón o el mar, y el Ministerio de Seguridad Social está considerando ampliar estas ventajas a otras profesiones.
Mitigar efectos negativos
Para mitigar estos efectos negativos, Fedea propone que se ofrezca a los trabajadores la posibilidad de reducir progresivamente su carga laboral antes de jubilarse por completo. Según los expertos, "permitir a los trabajadores reducir gradualmente su carga de trabajo puede incentivarles a permanecer más tiempo en la población activa sin afectar negativamente a su esperanza de vida".
En línea con esto, el Ministerio de Seguridad Social ha promovido el retraso en la jubilación mediante bonificaciones mejoradas, y ha endurecido las penalizaciones para quienes opten por jubilarse antes de la edad legal.
En la última negociación con los agentes sociales, finalizada en julio, se ajustaron las fórmulas de jubilación parcial y activa, que ahora también se benefician de las bonificaciones por retraso en el retiro.
No obstante, los autores del estudio cuestionan si las ganancias fiscales obtenidas por el sistema compensan los riesgos para la salud de los trabajadores que eligen esta opción. El estudio concluye que "los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida".
Los investigadores también advierten que los gobiernos deben diseñar cuidadosamente las políticas de jubilación, teniendo en cuenta las exigencias físicas, emocionales y mentales de diferentes ocupaciones al fijar las edades mínimas y legales de retiro.
Subrayan que "los baremos no pueden ser iguales para todos", y que sus hallazgos ofrecen una visión más específica que estudios previos sobre los efectos de retrasar la jubilación en la mortalidad.
Finalmente, los autores señalan la importancia de explorar los efectos distributivos de las reformas de pensiones, considerando las consecuencias en la salud y mortalidad, como un área prometedora para futuras investigaciones.
