500 euros de más han sido los responsables de que en Murcia una joven de 29 años y con una discapacidad del 91% pierda su pensión no contributiva. Miriam Pérez García, de 29 años y que sufre una parálisis cerebral ocasionada por una negligencia médica en el momento de su nacimiento, deberá devolver, además, casi 12.000 euros que percibió de más.
Para percibir esta pensión no contributiva, los beneficiarios deben convivir en una Unidad Económica de Convivencia donde los ingresos no superen alrededor de 40.000 euros anuales (la cifra va modificándose cada año). Esta Unidad Económica de Convivencia, que la integran la beneficiaria junto con sus padres y su hermano, percibió en el año 2016 40.515,95€, lo que le ha servido al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para retirarle la pensión.
Estos ingresos de más servían para financiar los servicios de fisioterapia que necesita Miriam y las medicinas preventivas que no cubre la Seguridad Social. Lo que ha ocurrido en casa de Miriam, que ha podido beneficiarse de esta prestación del Estado durante 15 años, es que su padre recibió una paga extraordinaria de funcionario que se le debía desde el año 2012 y de la que él no tenía notificación.
Además de la retirada de la pensión, la familia de Miriam deberá abonar 11.798,75€ que continuó recibiendo por equivocación tras superar con sus ingresos la horquilla máxima de ingresos anuales marcada por el IMAS. Se trata de una situación que ha escandalizado a la Región de Murcia, pues tan solo unos euros han bastado para tomar esta radical decisión.
