Según ha decidido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarias (AEMPS), que depende del Ministerio de Sanidad, se ha retirado el producto VICANPLUS cápsulas, un potenciador sexual, según han analizado desde la Consejería de Sanidad de Galicia, la Consejería de Salud de Murcia y la Sección SEPRONA de Gijón.
Este complemento alimenticio está constituido por sustancias activas de sildenafilo y tadalafilo con la finalidad de restaurar, corregir o modificar la función fisiológica del ámbito sexual. Ambas sustancias logran combatir la disfunción eréctil mediante el aumento del flujo sanguíneo en el pene.
Al ser un producto farmacológico que contiene ambas sustancias, debería ser considerado un medicamento, según el Real Decreto Legislativo 1/2015. Lo cierto es que ni el sildenafilo ni el tadalafilo aparecen en el etiquetado, que promete ser un producto completamente vegetal, con ingredientes como el ginseng, desligándolo de la nomenclatura de medicamento.
Los peligros de estos inhibidores sexuales
Estos medicamentos ponen a funcionar a los inhibidores de la PDE-5, quien se encarga de disminuir la disfunción, pero puede suponer grandes riesgos en pacientes con infarto agudo de miocardia, angina y otras afecciones cardíacas, como la hipertensión. Además, puede afectar negativamente en aquellas personas con historial de accidente isquémico cerebral, o insuficiencia hepática grave, e incluso trastornos degenerativos y hereditarios presentes en la retina, como la retinitis pigmentosa.
Por otra parte, pueden generar una serie de efectos adversos de diferente gravedad si se mezclan con otros medicamentos, pudiendo generar, en caso extremo, muerte súbita para pacientes con antecedentes vasculares previos. Al estar indicados como productos completamente vegetales, los consumidores pueden acceder a ellos libremente y como alternativa erróneamente segura a los autorizados.
Por tanto, la AEMPS ha ordenado su prohibición de comercialización, además de la retirada, de todos los ejemplares de VICANPLUS, en referencia al Real Decreto Legislativo 1/2015 y considerando todos los riesgos que surgen de esta falta de etiquetado y ocultación de inhibidores de la PDE-5.
