La residencia de mayores Casablanca Valdesur, uno de los primeros centros a los que la Comunidad de Madrid ha mandado dosis de la vacuna contra la Covid-19, está desviando dosis del compuesto para administrárselas a familiares y allegados de sus trabajadores a pesar de que, según el plan de vacunación establecido por las autoridades sanitarias, aún no tienen derecho en esta primera fase, que únicamente permite inmunizar a los residentes y profesionales sociosanitarios.
El centro concertado con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y gestionado por el grupo empresarial Casablanca recibió las primeras dosis el pasado martes 5 de enero. Según ha desvelado El Diario, algunos vehículos de familiares de empleados se acercaron a la residencia, ubicada en un polígono industrial en la carretera que une Pinto y Valdemoro, y fueron colados para recibir la inyección.
"A través de la jefatura médica del grupo, y siempre en contacto con la dirección, han ofrecido que los familiares se vacunasen de forma voluntaria", ha reconocido una trabajadora de la residencia al medio anteriormente citado. Otra empleada también lo ha confirmado asegurando que se había vacunado a su pareja como "una excepción". Otros empleados también confesaron "excepciones" con sus familiares.
El empresa la niega y la Consejería de Sanidad lo investigará
La directora médica del grupo Casablanca, al percatarse de las conversaciones de la periodista de El Diario, corrió a negar que se estaban cometiendo irregularidades. "No se están vacunando familiares", alegó la responsable. Para justificar lo que habían reconocido algunos de sus empleadas, aseguró que los familiares que habían sido colados eran en realidad "conductores" de la empresa.
Ignacio Fernández-Cid, presidente del grupo Casablanca, ha mantenido la misma versión esgrimiendo que las declaraciones de sus trabajadoras "no se corresponde con la realidad", señalando que los familiares señalados "son personal del grupo". "No sé si se han puesto nerviosas y han dicho lo primero que se le ha ocurrido", ha defendido.
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han anunciado que se investigarán los hechos. Se dispone de un "registro nominal de la administración de la vacuna que se comunica a la Dirección General de Salud Pública", por lo que se tiene la "información completa de la persona vacunada". Se esta forma, se determinará "si se trata de un residente o de un trabajador". "Si se ha cometido algún error, adoptaremos las consecuencias que correspondan", señalan des dele Gobierno regional.
