El referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre contó con la presencia de dos equipos de observadores internacionales expertos en procesos electorales. Sus objetivos parecían claro: asistir a la jornada y observar el proceso. Tras la respuesta dada por el Gobierno central y las imágenes de la contundente respuesta policial, ambos técnicos concluyen, en un informe que aún no es definitivo, que se violaron los derechos humanos y civiles de millones de personas que acudieron a votar pacíficamente a los centros electorales ultrajados por los agentes.
Uno de los equipos lo encabezaba Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, con una experiencia avalada por 300 verificaciones electorales en todo el mundo. El otro, era capitaneado por Daan Everts, exembajador de Holanda. Ambos observadores se mostraron sosprendidos por la brutal respuesta de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante personas cuyo único objetivo y deseo era depositar una papeleta en una urna.
Operación de estilo militar
El equipo internacional de 17 expertos dirigido por Helena Catt estuvo durante un mes antes de la fecha del referéndum para informarse sobre el conflicto catalán. El día 1 de octubre, el Election Expert Research Tea' de la observadora visitó un centenar de colegios electorales desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde para verificar el proceso y que todo discurriera con normalidad.
Pese a que todavía no existe un informe definitivo -tienen entre 10 días y un mes para publicarlo-, Catt ha realizado unas conclusiones preliminares. "Fue una operación de estilo militar orquestada de forma centralizada y cuidadosamente planificada. Nos dejó anonadados que mandos policiales armados y enmascarados entrasen en los colegios electorales con el objetivo de impedir un proceso democrático pacífico", fueron las frases más contundentes y duras hacia la actuación del Gobierno central.
Fue una operación de estilo militar orquestada de forma centralizada y cuidadosamente planificada
El informe preliminar continúa asegurando que, pese a las dificultades que tuvieron los catalanes a la hora de votar, "hubo una jornada electoral" con una participación afectada por la represión policial y estatal. Asimismo, Catt afirma que les sorprendió que los agentes que llegaban a los colegios para incautar el material electoral, como las urnas o las papeletas, no levantaran un acta por escrito de lo que estaban requisando, saltándose toda la legalidad.
"Fuimos testigos de hechos que ningún observador electoral debería ver jamás. Deseamos no tener que volver a presenciar escenas de esta naturaleza. Vimos numerosas y repetidas violaciones de los derechos humanos y civiles", aseguraba la coordinadora impactada por la situación. Pese a los incidentes, Catt destaca la actuación pacífica llevada a cabo por parte de los electores que querían expresar su opinión votando.
Vimos numerosas y repetidas violaciones de los derechos humanos y civiles
No se cumplieron los estándares internacionales
Por otra parte, el informe preliminar del equipo liderado por Daan Everts asegura que no se pudieron cumplir los estándares internacionales que normalmente acompañan estos procesos electorales debido a la "violencia policial". "La respuesta del Gobierno español ha reforzado los resultados", aseveraba Everts en sus primeras conclusiones.
Everts ha sido duro con la respuesta del Gobierno de Rajoy asegurando que "el uso de la fuerza de la policía española no tiene lugar en democracias consolidadas". Pese a las complicaciones, las mesas electorales y el personal que las encabezaba se esforzó por ofrecer alternativas a los ciudadanos cuando no se disponía del material pertinente.
La actuación policial y de la Administración central no fue la única que recibió un duro varapalo en este informe preliminar. Las conclusiones denuncian la ley del referéndum que pretendía avalar este proceso declarado inconstitucional. Destaca el incumplimiento de las "buenas prácticas" para lograr aprobarla sin consultar al consejo de garantías y sin tener la mayoría pertinente.
Este equipo de observadores también se instaló en Cataluña durante un mes como lo hiciera el de Catt y se dividió en diez equipos que visitó 106 centros electorales. Durante estas semanas, se reunieron con los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña disuelta por órdenes judiciales. Estos integrantes denunciaron ante el equipo de observadores que sufrieron "amenazas y multas".
