La renta básica, que garantizaba una ayuda de 426 euros para las capas más desfavorecidas de la sociedad, no fue finalmente admitida a trámite porque cinco diputados del PSOE no acudieron a su puesto de trabajo y otro (José Enrique Serrano) cometió el error de votar lo contrario de lo indicado por su grupo.
El proyecto de ley partía de una Iniciativa Legislativa Popular que contaba con el apoyo de 700.000 firmas y el aval de los sindicatos, por lo que debía ser tratada en el Congreso. De esta ayuda se hubieran beneficiado hasta dos millones de personas que se encuentran en situación de extrema necesidad.
El diputado que se equivocó a la hora de votar la medida se ha escudado en que Rajoy "hizo lo mismo con sus presupuestos". El resto de los miembros socialistas no acudieron: el número tres del partido, José Luis Ábalos, porque estaba en Nueva York en una reunión; Micaela Navarro y José Ignacio Sánchez Amor porque tenían misiones parlamentarias. Por su parte, Pilar Lucio e Isabel Rodríguez se encontraron con circunstancias personales que les impidieron acudir al mencionado pleno.
El PSOE, que asume su culpa en el desenlace de la votación, no ha dudado en cargar contra otros partidos que, a priori, iban a votar en positivo. Entre ellos, el Grupo Vasco o el Mixto, donde también se produjeron ausencias de los diputados del PDeCAT Jordi Xuclà y de Compromís, Ignasi Candela.
Tampoco ha dudado en cargar contra los líderes del PP (Mariano Rajoy) y de Ciudadanos, que se habían mostrado en contra de estas ayudas desde el primer momento y que, ahora, han conseguido imponer su criterio ante un Parlamento especialmente fragmentado.
Intentar salvarla
La votación llega después de que PP y Ciudadanos hayan bloqueado la iniciativa durante más de un año en la Comisión de Empleo, alargando los plazos que impedían su tramitación, aprobación y puesta en marcha. Precisamente fue el PSOE quien se encargó finalmente de agilizar los trámites.
Como consecuencia de esta votación, la iniciativa volverá de nuevo a la Comisión en la que llevaba más de 12 meses bloqueada, con la esperanza (por parte del PSOE) de que se pueda recuperar en un futuro.
A diferencia de otras ILP, el Gobierno decidió no vetar la propuesta por la imagen negativa que le podría proporcionar y la inseguridad sobre si podía ejercer el veto en una iniciativa popular, dada las actuales circunstancias.
El entonces futuro proyecto de ley contaba con las exigencias de Unidos Podemos y PSOE y había sido refrendada con 700.000 firmas y el apoyo de los líderes de UGT y CCOO. Una herramienta para ayudar a las clases más necesitadas que finalmente no saldrá adelante.
