El Gobierno de España prevé ampliaciones en la red de Cercanías dentro de la Comunidad de Madrid. En sus planes se encuentra la apertura de una nueva estación en el centro de la capital, que será bautizada como 'Imperial' y estará ubicada a menos de dos kilómetros de la Puerta del Sol, pero también se baraja una ampliación que podría extender la red a otro municipio.
La localidad madrileña que se podría ver beneficiada por la red de Cercanías en el futuro, puesto que la extensión de la red se encuentra en análisis, sería Navalcarnero, según publica El Confidencial.
Los planes en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en realidad, no no son nuevos. La infraestructura se contempla como una ampliación de la línea C5 desde Móstoles, que fue diseñada y ejecutada parcialmente por la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre, pero después cayó en el olvido.
Las infraestructuras están abandonadas, sin uso, y suponen en este momento un desembolso para la administración. La Comunidad de Madrid pagó en 2022 un total de 188,4 millones de euros y ha destinado hasta 170.000 euros anuales solo en vigilancia y conservación de la vía.
Tren a Navalcarnero
La ampliación de la línea C-5 de Cercanías hasta Navalcarnero se ha planteado continuamente como una promesa incumplida. La Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, anunció su ampliación en 2005, sin embargo, abandonó la infraestructura en 2010 sin concluir su ejecución y sin que, hasta ahora, haya viajado nadie.
Por el momento, el desarrollo de las obras ha supuesto constante litigios con las administraciones y diversos gastos en infraestructuras sin ningún uso, así como quejas por parte de los vecinos, que han visto cómo sus viviendas se devaluaban por la menor conexión.
La actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reclama ahora que sea el Gobierno de España quien ejecute las obras y sea quien ponga en funcionamiento este tramo final de Cercanías, una competencia del Estado, a pesar de que este tramo del túnel fue desarrollado bajo el mandato de su administración.
El Gobierno de España se ha comprometido por el momento a estudiar la viabilidad. No se manejan calendarios concretos, pero sí expresan que la Comunidad de Madrid debería hacerse cargo de sufragar las obras porque impulsó dicha infraestructura. Una obra que, mientras tanto, supone un coste de mantenimiento para la administración sin ningún beneficio real para los ciudadanos.
