La legalización de la marihuana ha acostumbrado a convertirse en un tema de lo más recurrente. Cada cierto tiempo vuelve a surgir este debate, que casi parece digno de 'La historia interminable'. Ahora, con el recién estrenado Gobierno de coalición, se vuelve a hablar de ella: pacientes, consumidores y empresarios tienen grandes esperanzas de que finalmente se regule, como mínimo, para su uso medicinal.
En junio de 2018, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Compromís se unieron en las Cortes Valencianas para votar a favor de legalización controlada de la marihuana, aunque centrándose sobre todo en la regulación de su uso terapéutico. Pocos meses después, Unidas Podemos promovió una Proposición no de Ley para regularla y, posteriormente, a finales de octubre de 2019 organizó una jornada en el Congreso sobre la regulación integral del cannabis en España.
Unos días antes fue Errejón quien escribió una tribuna en El País en la que directamente apostaba por la legalización del cannabis tanto medicinal como recreativo y destacaba también su posible efecto positivo en la economía, la misma teoría que mantienen desde Podemos. "El impacto económico va más allá de la venta directa, su efecto puede abarcar desde la creación de grados universitarios, investigación, formación profesional, cosmética, turismo rural, o una posible futura exportación", escribía el dirigente de Más País.
Así, vivimos un momento en el que el 84% de las personas se muestran favorables a una regulación del cannabis medicinal y un 47% de una regulación integral, según datos de una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Además, la situación mundial también es propicia para la regulación, al menos en alguna de sus formas (solo medicinal o integral), ya que cada vez más países se suben al tren de la legalización del cannabis. Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Holanda o Inglaterra, entre muchos otros, han regulado ya su uso de algún tipo mientras que Canadá y Uruguay realizaron una legalización integral.
Un negocio millonario
España se presenta como uno de los países más atractivos para los inversores de cannabis debido a su pertenencia a la Unión Europea y el buen clima que permitiría cultivar en exterior y en invernaderos. Comparando con otros países, se estima que esta industria crearía en nuestro país en torno a 90.000 empleos en el año 2030 y que las arcas del Estado recaudarían vía impuestos entre 1.500 y 3.000 millones de euros al año.
Ejemplo de ello es el evento Cannabis-Europa que, tras pasar por ciudades como Toronto, Londres y París, se celebra el 10 de febrero en Madrid. En él, cosumidores, cultivadores, diputados, abogados, lobistas y CEOS de multinacionales farmacéuticas debatirán sobre las posibilidades de negocio que este sector tendrá en Europa. Entre 650 y 900 euros cuesta la entrada para poder asistir.
