Este viernes 22 de diciembre, coincidiendo con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, se celebrará la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde que el primero consiguiese ser investido para continuar en La Moncloa.
Será en el Congreso donde se lleve a cabo el encuentro, tal y como exigió el popular. Con la ley de amnistía como principal punto de fricción y ante la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años siendo bloqueada por el PP, hay pocas esperanzas de grandes acuerdos entre los dos grandes partidos.
No obstante, habría una cuestión, probablemente la única, en la que podrían llegar a coincidir, tratándose nada más y nada menos que de una reforma constitucional. De hecho, antes de las elecciones generales de julio ya estaba casi cerrado un texto pactado entre PSOE y PP para modificar el artículo 49 de nuestra Carta Magna pero el adelanto electoral impidió que siguiera adelante.
Artículo 49
El artículo 49 de la Constitución establece "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Es el término "disminuidos" lo que se pretende eliminar. Aunque el texto de 1978 fue "pionero" en palabras del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya que pocas constituciones en el mundo dedican un artículo específico al colectivo con discapacidad, el citado organismo considera que "ya no concuerda con los nuevos tiempos y con los derechos humanos que deben impregnar el texto de un país como España".
El CERMI propone que, tras su reforma, el artículo 49 conste de cuatro puntos. "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación", comenzaría.
Además, las asociacones de personas con discapacidad piden especificar que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad" y que "estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes".
"Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes", continuaría el artículo. Su último punto quedaría así: "Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".
Reforma sin referéndum
Las intenciones del PP con la reforma de este artículo es que ningún partido, especialmente los independentistas, busque la forma de abrir un debate sobre otras reformas constitucionales durante el trámite en Congreso y Senado.
El único escollo, según el PP, es que la Constitución en su artículo 167.3 señala que una vez aprobada la reforma en las Cortes "será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".
Es decir, que 35 diputados podrían forzar la celebración de un referéndum. El PP quiere que Sumar se comprometa expresamente a no pedir ese referéndum que convertiría una reforma constitucional sencilla en una agravada. Desde la formación de Yolanda Díaz ya han especificado que no tienen intención de hacerlo.
