La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es la medida estrella con la que Sumar concurrió a las pasadas elecciones y que, posteriormente, se incluyó en el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PSOE. El martes 20 de febrero, después de dos encuentros entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, la iniciativa de los de Yolanda Díaz llega al Congreso de los Diputados para ser debatida por los grupos políticos. Las medidas en torno a esta reforma aún no son claras y los agentes sociales continúan negociando, pero el proceso de debate ha comenzado.
La formación rosa insta al Ejecutivo a abordar "con carácter urgente" un proceso de diálogo social, que este lunes ha celebrado su segundo encuentro, que desemboque en la renovación del Estatuto de los Trabajadores. La pretensión es que la introducción de los nuevos tiempos de trabajo se realice de forma progresiva, pasando a las 38,5 horas semanales este año y alcanzado las 37,5 horas ya durante 2025.
"El debate es el de reducir el tiempo que trabajamos para ganar calidad de vida, para que las personas trabajadoras puedan vivir mejor, nuestras empresas sean más productivas y podamos crear empleo", defiende el Ministerio de Trabajo.
La iniciativa anterior
Díaz ya había llevado una iniciativa referida a este tema en el mes de diciembre de 2023, pero la que llegará a la Cámara Baja en esta ocasión es más laxa. El texto anterior llamaba a acometer la reducción de jornadas sin atender al diálogo social, estableciendo el tope de 37,5 horas y dotando a los agentes sociales de la posibilidad de reunir las horas totales hasta las 32.
UGT y CCOO, por la parte sindical, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representando los intereses patronales, desarrollan en estos momentos conversaciones bilaterales al margen del Gobierno.
No obstante, y aunque la vicepresidenta y ministra de Trabajo le gustaría contar con el acuerdo social, la reducción de la jornada se aprobará independientemente de que no exista acuerdo entre los agentes. Así lo ha trasladado en más de una ocasión Díaz, que no piensa renunciar a su principal bandera para esta legislatura. De hecho, podría volver a darse el escenario que se ha reiterado con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): apoyo de los sindicatos y rechazo de los empresarios.
La misma jornada desde hace décadas
"Después de 40 años toca reducir el tiempo de trabajo en nuestro país y, en ese sentido, ir a la jornada de 37,5 horas nos parece muy importante", defendía Pepe Álvarez, líder de UGT, tras mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace más de 100 años, gracias a la Huelga de la Canadiense, que se redujo la jornada laboral a ocho horas diarias y más de 40 desde que se estableció también la limitación de 40 horas semanales. Desde entonces, los avances en el conocimiento y la tecnología han permitido que la producción cada vez sea mayor y aumenten, en consecuencia, los beneficios empresariales.
Sin embargo, los trabajadores siguen afrontando la misma jornada laboral legal. Desde Sumar denuncian que esta "congelación" prolongada en el tiempo ubica al país "lejos de una aplicación correcta del artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Los cálculos del partido minoritario del Gobierno apuntan a que son más de 10,5 millones de personas asalariadas en el sector privado las que tienen una jornada habitual por encima de las 37,5 horas de promedio a la semana, por lo que su reducción beneficiaría a una gran parte de la población.
En el horizonte, los de Yolanda Díaz aseguran perseguir con esta reforma un reparto igualitario de las tareas de cuidado, una mayor conciliación entre la vida labora y personal, una disminución de la exposición a los riesgos laborales, mejores condiciones de salud física y mental, un impacto ambiental positivo y más tiempo que podrá ser destinado a la formación, el ocio o la participación social.
