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La reducción de la jornada laboral aprobada por Trabajo y Economía por la vía de urgencia

Trabajo y Economía acuerdan los términos para llevar la medida al Consejo de Ministros, donde debe obtener el voto favorable.

La reducción de la jornada laboral aprobada por Trabajo y Economía por la vía de urgencia

Tras semanas de intensas negociaciones, el Gobierno ha decidido aprobar por vía de urgencia la reducción de la jornada laboral, una medida clave en el pacto de coalición. Este lunes, 27 de enero, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) dio luz verde al acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía, asegurando que el texto pactado con los sindicatos llegará al Consejo de Ministros el próximo 4 de febrero, sin modificaciones previas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó la importancia de la medida, calificándola como un avance hacia la igualdad y la mejora de las condiciones laborales: "Es una propuesta que afecta directamente a los sectores más precarizados, liderados mayoritariamente por mujeres".

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó la necesidad de incorporar medidas de apoyo y flexibilidad para pequeñas y medianas empresas, que asumirán más del 50% del impacto. Estas modificaciones, según explicó, podrían incluirse durante la tramitación parlamentaria.

Carlos Cuerpo comentaba: "El Gobierno es consciente de que en la tramitación parlamentaria el texto podrá someterse a modificaciones, para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios, para tener en cuenta la realidad parlamentaria y la realidad de las empresas, especialmente de las pymes, siendo oportuno barajar medidas de flexibilidad y acompañamiento para que la reducción de jornada sea una realidad efectiva cuanto antes".

Reducción de jornada sin reducción de salario

El texto propone reducir la jornada ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales en 2025, con la opción de que los empleados a tiempo parcial mantengan su salario ajustado proporcionalmente. Además, establece un sistema de registro horario digital más estricto y endurece las sanciones en caso de incumplimiento, con multas que podrían alcanzar los 10.000 euros por cada trabajador afectado.

Otro de los pilares del acuerdo es la garantía del derecho a la desconexión digital. Esto implica que las empresas deberán abstenerse de contactar con sus empleados fuera del horario laboral, una medida que busca reforzar el equilibrio entre la vida personal y profesional.

El éxito de esta medida dependerá de una compleja negociación parlamentaria, donde la ajustada mayoría del Ejecutivo será puesta a prueba. Mientras tanto, sindicatos como UGT y CC OO respaldan el acuerdo inicial, confiando en que el diálogo con los grupos políticos permita fortalecer el texto sin comprometer sus principios fundamentales.

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