Durante la anterior legislatura, el Gobierno popular tomó una larga serie de medidas que resultaron polémicas, como fue el caso de la reforma eléctrica. El impuesto al sol y los recortes en las primas que se ofrecían a las empresas dedicadas a las energías renovables fueron las normas más controvertidas del gran paquete de medidas que se presentó.
Tras aprobar este recorte a las energías renovables, a España se le vino encima una avalancha de denuncias de aquellas empresas que habían invertido en las renovables, contando con las primas que ofrecía el Gobierno. A la espera de que se desarrollen los diversos juicios, España ya ha gastado 15 millones de euros en diversos bufetes de abogados y asesorías, con el objetivo de prepararse una defensa que podría ser muy necesaria; y es que estas denuncias podrían acabar en indemnizaciones millonarias para estas empresas.
Las primas a las energías renovables
A finales de los años 90 comienza a regularse en España el sector de las energías renovables. En este momento también comienza a tomar impulso la idea de que este tipo de energías eran más costosas al principio, dado que necesitan una infraestructura, pero que a la larga serían más baratas y, por supuesto, más limpias que las tradicionales. Así, en el año 2000 se lleva a cabo una reforma en torno a las energías renovables que pretende favorecer las inversiones en ese ámbito: el Gobierno ofrecería una retribución adicional al dinero que reciben las renovables por vender la energía producida. Es decir, cuando una planta vertiese energía limpia a la red general, además del precio normal del mercado que recibiese, también obtendrían un dinero del Estado, para incentivar estas inversiones.
Sin embargo, a partir de 2005 se produjo un crecimiento desmesurado de la cantidad de energía que se vertía a la red, y por tanto, de la cantidad de dinero que el Gobierno tenía que financiar. Esto provocó que la deuda que el Estado tenía desde el año 2000 hasta 2013 ascendiese hasta los 26.026 millones de euros.
Con el estallido de la crisis económica llegan los primeros recortes, y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que previamente había apostado por las energías renovables, comienza a recortar en estas primas. A través del real decreto 14/2010 se empiezan a limitar el número de horas con derecho a primas que tienen las empresas dedicadas a este tipo de energía.
Más tarde, en 2013, ya durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se establece una nueva reforma en el sector energético con el objetivo de reducir gastos, y el ministro José Manuel Soria recorta mucho más estas primas e implanta el peaje de respaldo, también conocido como impuesto al sol.
El gasto en defensa: abogados y asesorías
Con las últimas empresas que han decidido presentar una demanda contra España, Sunflower e Infracapital, ya son 27 las querellas a las que nuestro país se enfrenta ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), el organismo de arbitraje del Banco Mundial.
El motivo por el que se realizan estas demandas es que las empresas entienden que al invertir tenían una serie de expectativas, derivadas de las primas que el Gobierno ofrecía a las inversiones en energías renovables, que finalmente no se han cumplido por los recortes a estas ayudas. Así, reclaman al Estado el lucro cesante de estas inversiones. Es decir, la diferencia entre lo que ellos calculan que habrían ganado con las primas y lo que finalmente van a obtener como beneficios. Por esto, España se enfrenta al pago de una serie de indemnizaciones que podrían alcanzar cientos o miles de millones de euros.
Para preparar la defensa contra estas empresas, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de concursos públicos para obtener asistencia especializada. Según informa El Diario, desde marzo de 2014 el ministerio de Industria ha adjudicado veinte contratos de asesoría por un importe de 13.339.115, a los que se sumarían hasta 1,4 millones para los pleitos contra Sunflower e infracapital. En total casi 15 millones de euros.
Tal y como informa este periódico online, la mayor parte de estos contratos, trece de ellos, se han adjudicado ya con el Gobierno en funciones. De esos contratos, doce se adjudicaron con Soria al frente del ministerio de industria, antes de que dimitiese por el escándalo de sus sociedades en paraísos fiscales.
Un tribunal ¿antidemocrático?: el CIADI
El encargado de juzgar estos pleitos, por otro lado, no será un Juzgado, español o extranjero, sino el Tribunal de Arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI. Esta institución se creó para mediar entre inversores extranjeros y Estados receptores de esas inversiones, con el objetivo de solucionar los conflictos que pudiesen surgir.
Sin embargo, este Tribunal de Arbitraje no se acoge a las leyes del país en el que se hayan producido las inversiones, sino que funciona de acuerdo al Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ADIE). Así, una compañía multinacional puede llevar ante la justicia a un Estado soberano porque las políticas que haya llevado a cabo puedan recortar sus beneficios, independientemente de que esas mismas políticas resulten beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía.
En un artículo publicado por La Marea, Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, ambos investigadores del Observatorio de Multinacionales de América Latina, afirman que estos tribunales son un ataque directo a la democracia. En el caso de estas denuncias interpuestas contra España defienden que las empresas hicieron inversiones especulativas en el sector energético, con la esperanza de obtener grandes beneficios gracias a las primas. Y ahora que esas primas se han recortado esperan que ese beneficio que podrían haber obtenido les sea devuelto. "[...] Los intereses del oligopolio eléctrico [...] han sido favorecidos [...] No parece que los grandes fondos de inversión vayan a salir perdiendo demasiado porque, si prosperan sus demandas ante el CIADI, pueden obtener importantes indemnizaciones a cuenta del presupuesto público", defienden en el artículo.
Por ahora el Estado ya ha gastado 15 millones de euros en contratos con asesorías que preparen la defensa a España frente al Tribunal. Del fallo del arbitraje depende cuánto gastará el país finalmente.
