Amancio Ortega había decidido donar diez millones de euros a la Diputación General de Aragón para que comprase nuevos aparatos de última tecnología en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, su gesto... no ha contado con una aprobación unánime.
Los que se han posicionado en contra han sido los miembros de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la comunidad autónoma, que han pedido que las autoridades no acepten este tipo de donaciones porque consideran que la sanidad se debe financiar a través del presupuesto público y no por parte de donaciones caritativas.
Para ello, la asociación propone que se "instaure un sistema de fiscalidad progresiva con el que se redistribuyan los recursos, dando prioridad a la sanidad pública", han rezado en un comunicado difundido a los medios.
Por todo ello, el colectivo se ha mostrado en contra de la donación, ya que considera que las instituciones no tenen que "recurrir, aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad", han afirmado.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón forma parte de la FADSP, una federación de asociaciones progresista que lucha contra la política neoliberal que pretende que los servicios sociales se gestionen a través de las donaciones voluntarias y solidarias en vez de a través de la redistribución de la riqueza a través del Estado propia de las sociedades socialdemócratas.
Con ello, consideran, se puede garantizar el acceso de todos los ciudadanos a todos los tratamientos médicos que necesiten sin ningún tipo de discriminación por su renta, sexo o condición social
Por todo ello, han instado al "Gobierno de Aragón a instaurar medidas para recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el 2012. Y solucionar urgente las carencias que desbordan centros y profesionales, falta de material, bajas que no se reponen, cierres de camas o el fraude en las listas de espera".
No es la única que rechaza una donación de Ortega
La ADSPA no ha sido la única en rechazar la donación del dueño de la empresa textil Zara. En Canarias, la asociación homóloga también se posicionó contra los 17 millones que el empresario donó para el sistema sanitario público de las islas.
En un comunicado, la asociación dijo lo siguiente: "Si tan preocupada está la Fundación por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida".
Por todo ello, afirmaron que "no podemos sino sonrojarnos de vergüenza ajena" e instaron al empresario a "demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes".
Las asociaciones gallega y vasca hicieron lo propio y denunciaron lo que consideraban una "penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica".
