El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha celebrado este jueves un Consejo de Ministros extraordinario a la 1 de la tarde para poner en marcha acciones legales contra la Ley de Referéndum, que ayer era aprobada en el parlamento de Cataluña, y la consulta del 1 de octubre. Esta reunión de urgencia tuvo lugar justo después de que el Presidente se reuniera con Pedro Sánchez para atajar este mismo tema. Después, a las 14.20, ofría una rueda de prensa donde se ha mostrado sereno y contundente ante el desafío soberanista catalán.
"He dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Referéndum", decía Mariano Rajoy al inicio de la rueda de prensa. Además de esta, el Consejo ha puesto en marcha otras medidas legales ante el Tribunal Constitucional: un recurso de impugnación contra el decreto de la convocatoria de la consulta del 1-O, contra el decreto de las normas complementarias del referéndum, y otro contra la resolución del Parlament de la designación de los miembros de la Sindicatura Electoral, además de registrar un incidente de ejecución contra la Ley de ruptura. Los miembros del gobierno autonómico, los altos cargos implicados y todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de los municipios catalanes, así como medios de comunicación públicos, como TV3, recibirán la notificación personal de estos estos recursos. El consejo pedirá también que se estudie la responsabilidad penal de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa que votaron a favor de la ley.
Estas son las medidas legales con las que el Gobierno de España cuenta para frenar la celebración de referéndum catalán, sobre el que Rajoy ha insistido en varias puntos de su discurso en que "no se va a celebrar". Ha explicado tambien que "Al recurrir al Constitucional, el Gobierno también está defendiendo la autonomía de Cataluña. La voluntad de los catalanes ha sido menoscabada", y se ha mantenido en el discurso que defiende desde el comienzo de esta andadura hacia la desconexión de Cataluña de España, que dice que ningún presidente del gobierno español "puede aceptar o negociar", y reprocha a Carles Puigdemont que le invitó en el pasado "a exponer sus demandas en el Congreso para abrir un diálogo sobre las mismas. Nunca quiso hacerlo".
¿Qué pasará el 1-O?
Hay una gran incertidumbre por lo que pueda ocurrir el 1 de octubre ante la voluntad del gobierno catalán de celebrar la consulta, y la ilegalidad que supone a nivel constitucional, que podría poner en un aprieto a las fuerzas del orden público y al funcionariado. Ante esto, el Presidente ha llamado a la cala: "Quiero decirle a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios que estén tranquilos. La ley les obliga, pero también les protege frente a cualquier arbitrariedad". También ha enviado un mensaje al gobierno catalán que ayer aprobaba la Ley de Referéndum y que admitía a trámite la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república: "No sigan dividiendo a la sociedad catalana. Dejen de acosar a los discrepantes y respeten los derechos de la gente. Les pido que abandonen la escalada de ilegalidad y totalitarismo porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus ilegalidades".
