El Gobierno del PP de Mariano Rajoy es partidario de que los toros sean asesinados durante los festejos considerados medievales por sus detractores. Así lo ha hecho constar: ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) 'in extremis', es decir, un día antes de que pudiera hacerlo, la ley de toros aprobada por el gobierno balear el pasado mes de julio. Con esta decisión, de ser aceptada por el TC, la ley quedaría totalmente paralizada, por lo que los animales podrán seguir siendo torturados hasta la muerte hasta que haya una sentencia firme. Contra una decisión parecida, el TC tardó seis años en resolver la cuestión. En 2016 se derogó la ley antitaurina aprobada por el Parlament.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 10 de noviembre lo que lleva meses advirtiendo. El Parlamento de Baleares aprobó el pasado 24 de julio la proposición de ley apoyada por PSOE, MÉs y Podemos que prohibía torturar y acabar con la vida de los animales, un salto cualitativo según el partido PACMA, que la consideró "positiva". Aunque los animalistas advirtieron que el objetivo final es conseguir suprimir las corridas de toros de manera definitiva en todo el Estado.
Una ley atacada por el PP
El Ejecutivo popular del Gobierno central siempre ha sido partidario de las festividades taurinas. En 2013, ya en el poder y con mayoría absoluta, Rajoy consideró estas celebraciones como "patrimonio cultural" para blindarlas ante cualquier ataque de un gobierno progresista. En Baleares, gobernada por la socialista Francina Armengol se quiso dejar atrás una tradición muy cuestionada por diferentes colectivos animalistas.
La norma que entraba en vigor prohibía en el coso taurino todo tipo de banderillas, rejones, puyas, estoques, espadas o cualquier elemento que pudiera atentar gravemente contra la vida de los animales. Así pues, se establecían solo diez minutos de faena, se impedía el asesinato de los toros y el daño físico o psíquico. Para garantizar el buen estado de salud de los toros, se obligó a todas las plazas a que contaran con un experto veterinario que vigilara de cerca que los animales tuvieran un buen trato.
Sin embargo, este avance social queda en agua de borrajas. El secretario general de Cultura, Fernando Benzo, ya lo advirtió en su día: esta ley no le gustaba y probablemente el Ejecutivo iniciaría una batalla legal para frenarla. El Gobierno del PP se ha arrogado desde entonces la potestad de "conservar y promocionar la Tauromaquia como patrimonio cultural".
Pese a los argumentos esgrimidos, la "tradición cultural" de los festejos taurinos es muy escasa en las islas baleares, según los datos del Ministerio de Cultura. Esta se limita a unas pocas celebraciones que se cuentan con los dedos de una mano. En 2016 solo se produjeron dos corridas de toros y cinco festejos (rejoneo, festivales y novilladas), algo que confirma el escaso interés por estas fiestas entre los isleños.
Los partidos que apoyaron en su día la aprobación de la norma balear, aseguraron que trabajaron arduamente para hacer encajar la nueva norma con los límites establecidos en el marco constitucional. Con solo la prohibición de torturar a los animales -y no de abolir las corridas en su totalidad- se pretendía sortear el posible recurso de inconstitucionalidad, debido a la norma aprobada por el PP para declararlas "patrimonio cultural".
Desde que el PP es el PP y se creó como una formación política de derechas, siempre ha defendido y abogado por los festivos taurinos. Varios han sido los gobiernos populares que han promocionado y otorgado ayudas públicas para fomentar estas celebraciones. Entre ellos, se encuentra el Gobierno de Murcia. El ejecutivo autonómico otorga 50.000 euros a la Escuela de la Tauromaquia mientras solo aporta 15.000 euros para luchar contra el acoso escolar. Así han quedado demostradas las prioridades del PP.
El caso de Cataluña y Canarias
Canarias se convirtió en la práctica la primera comunidad autónoma que prohibía la celebración de las corridas de toros. En el año 1991, el gobierno canario aprobó la Ley de Protección de Animales que descartaba los espectáculos que terminaran con la vida de los animales.
"Se prohíbe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento", establecía la ley en sus artículos. Aunque no hace alusión explícita a los toros, legalmente dan por finalizadas las corridas, pese a que el objetivo de la norma era abolir las peleas de gallo, una tradición que sí está enraizada. Algo que no se consiguió ya que solo se lograron restricciones. En cuanto a los toros, en las islas ya habían pasado varios años entonces desde que no se celebrara ninguna corrida. Por lo tanto, el arraigo cultural entre los canarios era nulo.
En el otro extremo, se encuentra Cataluña. La comunidad autónoma que más quebraderos de cabeza está generando en todo el Estado debido a sus intentos por romper unilateralmente con España, ya aprobó en 2010 la prohibición explícita de los festejos taurinos. En dicha ley, sí se trataban las corridas como parte del sufrimiento de los animales. Sin embargo, el PP la recurrió al Tribunal Constitucional y seis años más tarde falló en su contra. La norma aprobada por el Parlament quedaba suspendida.
Pese a ello, en Cataluña no se han vuelto a celebrar más festejos taurinos. Las trabas burocráticas establecidas en las normativas de los municipios y la poca rentabilidad que supone para los empresarios poner en la práctica una corrida de toro, han librado a la comunidad catalana de esta "tradición cultural" defendida por los populares.
