La declaración de Rajoy ante la Justicia como testigo del caso Gürtel ha creado amplia expectación al tratarse de la primera vez que un presidente del Gobierno en el ejercicio de sus funciones se sienta en el banquillo.
Rajoy no enfrenta ningún delito penal y únicamente acude como testigo, aunque su declaración y el devenir de las investigaciones puede ser vital para su futura situación judicial.
La situación actual del presidente puede complicarse por momentos o, simplemente, mantenerse tal y como está ahora. Depende de cómo juegue Rajoy esta partida de ajedrez y si su característica estoicidad le permite 'aguantar el chaparrón' sin problemas.
Teniendo en cuenta la manera en la que puedan desarrollarse todos estos hechos, esta es la situación que puede enfrentar el presidente del Gobierno:
1 Bárcenas
A pesar de que la Justicia considera "probada" la existencia de una contabilidad opaca y ajena a la Hacienda Pública, la sentencia de los Papeles de Bárcenas aún no es firme y no se puede tener en cuenta a efectos procesales.
En todo caso, si finalmente se prueba desde la Justicia que existió dicha contabilidad B, el presidente podría acabar imputado por un Delito de cochecho y tráfico de influencias, en calidad de autoridad pública, así como otro contra la Hacienda Pública.
Si las hipotéticas imputaciones prosperasen, el presidente podría sufrir una pena de prisión de dos a cuatro años, una multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por tiemo de cinco a nueve años.
Dada la pena de cárcel, el presidente no podría evitar de ninguna manera su entrada en la cárcel. Además, si se probase que ha mentido durante su declaración ante el juez, podría haber cometido los delitos de falso testimonio (seis meses a dos años de prisión).
Por otro lado, si fue conocedor de todos los hechos investigados y no denunció, podría haber incurrido en otro delito de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución.
2 Destrucción de discos y organización criminal
Relacionado con el caso anterior, si el presidente hubiese colaborado en la destrucción de los discos duros de Bárcenas, cargados de pruebas, podría haber incurrido en un delito de encubrimiento, castigado con una pena de prisión de seis meses atres años de cárcel.
Por otro lado, si el tribunal considera que el partido y algunos dirigentes crearon una organización criminal, en la que varias personas se habrían unido de manera estable con funciones definidas para cometer delitos, podría enfrentar una pena de prisión de cuatro a ocho años.
Este último punto es importante, ya que el PP como formación está imputado en la causa judicial. Si se considera que el partido actuó como organización criminal, se podría ver en la obligación de disolverse y terminar con un grupo político con más de 30 años de historia.
3 Financiación irregular
Si además se probase la financiación irregular, el presidente podría ser investigado por un delito de Financiación ilegal de los partidos políticos, castigado con una pena de multa del triple al quíntuple del valor del dinero recibido.
El presidente ha afirmado rotundamente ante el tribunal que desconocía la existencia de estos delitos. Si se probase que no fue así, Rajoy podría haber cometido también el ya mencionado delito de falso testimonio. A él se sumaría el de omisión de deberes en el caso de que no denunciase los hechos.
4 Cataluña
Si el presidente no actúa tajantemente para frenar la independencia de Cataluña, que jurídicamente constituye un delito de sedición si la salida no está pactada con el Gobierno del país, también podría tener problemas con la Justicia.
El juez le podría imputar por un delito de abandono de destino y de la omsión del deber de perseguir delitos. La ley contempla que las autoridades que no impidan la comisión de una irregularidad pueden ser castigadas con una pena de prisión de uno a cuatro años, así como la inhabilitación absoluta para empleo o cargo público entre seis y diez años.
Además, si los ciudadanos no independentistas denunciasen su situación, el presidente podría enfrentar un delito de Denegación de auxilio, castigado con pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.
5 Endeudamiento excesivo
Por último, el aumento excesivo y, en ocasiones, indiscriminado de la deuda pública del país, puede derivar en un delito de Prevaricación de los funcionarios públicos y otros Comportamientos injustos, en el caso de que incumpliese la Ley en la emisión de deuda.
A este delito se sumarían otros como los de malversación de caudales públicos o usurpación de las atribuciones e, incluso, el delito de Comprometer la paz o la independencia del Estado, en el caso de que dicha deuda con los mercados provocase que el país ibérico perdiese una parte importante de su propia soberanía.
Todos estos hechos son hipotéticos, dependen de múltiples factores judiciales, y ante todo hay que respetar la presunción de inocencia. Ninguno de los delitos aquí mencionados está siendo atribuido en la actualidad al Presidente del Gobierno.
