El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz han sido imputados por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental. Todo ello para tratar de conseguir los datos bancarios de la familia Pujol así como información sobre algunas de las presuntas cuentas bancarias en Andorra de líderes independentistas.
La imputación de Rajoy deriva de una querella presentada tras la llamada Operación Cataluña en la que el Gobierno supuestamente habría estado realizando espionajes a varios líderes catalanes. En este caso, el seguimiento se realizó al expresidente Artur Mas, al líder de ERC Oriol Junqueras y a la familia Pujol.
Admitida la querella catalana
La querella fue admitida a trámite en 2020 y presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, el colectivo de juristas Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco. Entre los investigados figuran el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, y el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. La jueza les ha otorgado quince días para que designen a sus abogados o, de lo contrario, tendrán uno de oficio.
En la denuncia interpuesta por ambas entidades catalanas se formula que los antiguos líderes del PP "desplegaron una estrategia política basada en una falsedad creada por el Ejecutivo de Rajoy para que el Gobierno de Andorra tomara unas decisiones concretas e irreversibles que han resultado perjudiciales para la imagen bancaria del país y la credibilidad internacional".
Asimismo, la denuncia sostiene que el Gobierno de Rajoy habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid (ambos ya cerrados) si no facilitaban la información exigida. Según la jueza, aquí es donde pudo cometerse también el delito de coacción contra el banco catalán.
La investigación en Andorra
Ambas entidades han declarado que, cuando Mariano Rajoy acudió a Andorra, se presentó como presidente del Ejecutivo español y no como jefe del Estado, según informa El Diario. Con ello, el expresidente pasaría a no estar protegido por la inmunidad del artículo 8 del Código Penal de Andorra, al no figurar en el registro como una visita oficial.
Lo que se investigará ahora es si el Gobierno de Rajoy envió durante esa visita (y puede que otras muchas) información falsa sobre la BPA a la oficina de control de delitos financieros. Todo esto mientras supuestamente intimidaba al Gobierno de Andorra tras su visita en enero de 2015, amenazando con cerrar la entidad.
