La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, cobrará una pensión 6.235,86 euros mensuales después de haber ostentado su cargo por un período exacto de dos años (el mínimo permitido para obtener este privilegio).
Si el presidente Mariano Rajoy la hubiera destituido un día antes, Forcadell no hubiera cobrado su pensión, ya que el plazo se cumplió exactamente el mismo día en el que La Moncloa aprobó la disolución de las Cortes catalanas y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.
Así lo establece el reglamento del Parlament, aprobado en el año 1988 y que establece un mínimo de dos años desde su nombramiento para que empiece a cobrar la mencionada pensión (que recibirá durante toda su vida). Los plazos se cumplen, ya que Forcadell fue nombrada el 26 de octubre de 2015 y destituida el 27 del mismo mes, en este caso de 2017.
Carme Forcadell no dejará de cobrar la pensión en el caso de que sea condenada o ingrese en prisión por permitir la votación que determinó la declaración unilateral de independencia, ya que no se especifica en el reglamento.
En este caso, su pensión será de 6.235,86 euros durante dos años, lo que corresponde al 80% de su sueldo cuando era presidenta (en concreto, 7.794 euros en catorce pagas), más gastos de representaci´on que se corresponden a 1565,19 euros.
Puigdemont podría no correr la misma suerte
No sucede igual con los expresidentes de la Generalitat. Puigdemont iene derecho a recibir una pensión gracias a la Ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat de 2003; pero si es condenado no la cobrará: la norma se cambió en 2015 en pleno escándalo Pujol.
Sin embargo, el trámite para despojarle de su pensión no es fácil. Se necesitaria despojarle de su cargo de 'Molt Honorable', una condena firme y una serie de trámites parlamentarios: al menos de dos grupos deben tomar la iniciativa y ser aprobada por dos terceras partes de sus miembros. Además, debe figurar como primer punto del orden del día y ser debatida solo en la primera sesión celebrada tras la sentencia firme.
Por tanto, hará falta un acuerdo de 90 diputados para desprenderle de un sueldo 139.585,67 euros brutos anuales, tres personas a su disposición, coche oficial, chófer y seguridad.
