"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
No se trata del argumentario de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o de cualquier otra organización a favor del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna para poder desarrollar su vida de manera normal.
Es nada más y nada menos que el Artículo 47 del Capítulo Tercero "De los principios rectores de la política social y económica" del Título I "De los derechos y deberes fundamentales" de la Constitución Española de 1978. La misma Carta Magna a la que el Gobierno de Mariano Rajoy alude día sí y día también para que los partidos independentistas cumplan con el orden constitucional.
Cabe preguntarse algo: ¿cumple el Gobierno del PP liderado por Rajoy la legalidad en España? Según un dictamen del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la respuesta es no. El Ejecutivo lleva años incumpliendo las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos.
Asimismo, Rajoy sigue desoyendo las demandas de la gran mayoría de la ciudadanía, encauzadas en las protestas de la PAH desde hace años. Entre estas peticiones, se encuentra la dación en pago (saldar la deuda con el banco tras entregar el piso y no seguir debiendo el dinero después de quedarte sin hogar) o una respuesta habitacional para las familias más vulnerables que tienen ingresos muy bajos y no pueden optar a otro lugar donde poder dormir. Lo más básico del planeta que deberían de tener todos los seres humanos y que la Constitución del 78, supuestamente, garantiza.
La ONU exige a España dar respuesta a los desahucios
El dictamen de este comité de la organización internacional fue enviado al Gobierno español el pasado mes de junio. En dichos documentos, se proponían diferentes medidas para prevenir las violaciones de los Derechos Humanos de las familias que se han visto en la calle sin una alternativa debido a su limitada capacidad económica.
Asimismo, se daba de plazo al Ejecutivo seis meses para que respondiera con las medidas en concretas que se llevarían a cabo, un periodo que vence el próximo 4 de enero. Ante la cercanía de esta fecha, diferentes organizaciones se ha reunido para trasladar a la opinión pública y a la ONU que el Gobierno de Rajoy sigue incumpliendo el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que firmó en 2013 y que es de obligado cumplimiento, pese a que no tenga ninguna sanción económica.
Solo en el segundo trimestre del año se llevaron a cabo 16.859 desahucios hipotecarios, según estas organizaciones en defensa de los Derechos Humanos entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que colaboran con Personas Sin Hogar (FEANTSA), la PAH, el Observatori DESC o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
El caso más relevante y que ha servido para ejemplificar el resto de situaciones en las que se encuentran miles de familias españolas ha sido el de Mohamed Ben Djazia. Este ciudadano argelino y residente en Tetuán (Madrid) fue desahuciado en 2013 por impago de alquiler al no poder hacer frente a las mensualidades. Pese a que se encontraba en riesgo de exclusión, las administraciones no hicieron nada para evitar que durmiera durante cuatro días en un coche con su mujer y sus dos hijos de 8 meses y 2 años.
Ese mismo año en el que se produjo el lanzamiento hipotecario de esta familia, el expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto corrupto al que se le han descubierto 4,6 millones de euros ocultos en Colombia provenientes de presuntas actividades ilícitas, Ignacio González, vendió vivienda pública de todos los madrileños y las madrileñas a fondos buitres. Djazia llevaba pidiendo una vivienda pública al Ayuntamiento y a la Comunidad desde 1999.
La denuncia del abogado de esta familia, Javier Rubio, ante el organismo internacional, puso de relieve las deficiencias y la absoluta parsimonia legislativa que ha caracterizado al Gobierno de Rajoy en esta materia durante los años en los que ha estado gobernando. Ni siquiera la presión de la calle ha hecho mella en las decisiones del Ejecutivo para que cumpla con la legalidad y garantice la ejecución efectiva de la Carta Magna española.
El dictamen de la ONU no solo mencionó el caso de esta familia de Tetuán, sino que afirmó que España tiene la "obligación de prevenir" este tipo de situaciones en otras familias. Para ello, encomendaron al Gobierno a tomar todas las medidas que fueran necesarias, legislativas o administrativas, para que los jueces valoren si los desahucios son compatibles con el pacto suscrito por el país.
Asimismo, piden a España una compensación económica por las violaciones sufridas a los afectados y que impulse una colaboración entre las administraciones municipales, regionales y estatales así como los servicios sociales con los juzgados para que se determine cuando una familia se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social y se les ofrezca una alternativa habitacional. Se evitarían así otros casos como el de Mohamed Ben Djazia y su familia, que tuvieron que dormir en la calle porque no tenían otro sitio a donde ir.
Por su parte, el letrado Rubio asegura que solo el Ayuntamiento de Madrid liderado por Manuela Carmena ha seguido las directrices de este dictamen para paralizar desahucios en la ciudad. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto Carmena logró frenar los lanzamientos hipotecarios de las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).
La PAH continúa su lucha contra los desahucios. Desde hace años, esta plataforma ha logrado frenar miles de ellos. Su combate no solo se realiza con protestas, manifestaciones y paralizaciones de desahucios, sino que pretenden impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recabar el apoyo de los partidos del Congreso de los Diputados y que se logren paralizar todas las ejecuciones hipotecarias, se garanticen los suministros básicos (luz y agua) y se haga efectiva la dación en pago retroactiva. El PP, el partido del Gobierno, se ha mostrado radicalmente en contra de estas medidas.
