El PSOE se comprometió a apoyar el artículo 155 en Cataluña si ello implicaba una reforma constitucional con la que apaciguar los ánimos del separatismo. Sin embargo, cuando la movilización parece desactivada, la formación conservadora cambia su postura.
"Será a largo plazo", ha asegurado el interlocutor del Gobierno a Pedro Sánchez. Desde Moncloa aseguran que la reforma "llevará muchos meses", pero sin concretar plazos y tiempos.
La única salida que se da a este proceso se centra en la celebración de la comisión constitucional, a propuesta del PSOE, que se celebrará en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados. El PP asegura que admitirá todos los debates, salvo el relativo al artículo 2, refererido a "la indisoluble unidad de la nación española".
El problema que enfrentará este debate se centra en la falta de consenso. PP y Ciudadanos abogan por una reforma tímida, mientras que el PSOE y, sobre todo, Podemos, prefieren una profunda renovación del sistema y sobre todo la proclamación de un Estado Federal que ponga fin al sistema autonómico. Sin embargo, Podemos y nacionalistas no participarán en la comisión, lo que dificultará el debate.
El reglamento establece que cualquier cambio de la Carta Magna debe implicar una mayoría de tres quintos de la Cámara, algo difícil de conseguir en un Parlamento tan fragmentado. Además, Rajoy busca que todas las reformas cuenten con un consenso prácticamente unánime, algo que se antoja imposible en la actual situación política que vive España y con la sombra de unas elecciones anticipadas.
Pero el problema se centra en las reformas del Título preliminar, el Capítulo segundo, la Sección primera del Título I, o al Título II. En dichos casos, se precisa un apoyo parlamentario de dos tercios, la disolución de la Cámara y la celebración anticipada de elecciones.
La nueva Cámara deberá nuevamente de aprobar la reforma por dos tercios y posteriormente tendrá que ser apoyada en un referéndum. Por tanto, el trámite sería largo y, sobre todo, muy laborioso. En concreto, los artículos se centran en la soberanía nacional, los derechos fundamentales y libertades públicas, así como la Corona.
Cuatro grandes bloques a debatir
La intención del PSOE, que consiguió sumar a Ciudadanos 'in extremis' (la formación de Albert Rivera consideraba que se trata de "una frivolidad"), es que la comisión se divida en cuatro grandes bloques correspondientes a los grandes dilemas que afronta el país, en opinión de la formación socialdemócrata.
Los bloques de debate sería, por tanto, los siguientes: un estudio del funcionamiento del modelo autonómico desde 1978, la delimitación de competencias, el sistema de financiación, y un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Los socialistas, sin embargo, aseguran que algunos de los puntos "son revisables".
Los puntos de la reforma que se consensúen serán elevados al pleno para su ratificación a través de un informe de conclusiones apoyado por los grupos participantes. En el debate Parlamentario, podrán sumarse Podemos (y, difícilmente, los nacionalistas) si así lo consideran.
También cabe la posibilidad de que Podemos pida entonces un Referéndum que saldría hacia adelante con el único apoyo de 35 diputados. En el caso de que se apoyen las medidas, podrían llevarse hacia adelante sin ningún tipo de problema.
