La oficina anticorrupción creada por Mariano Rajoy a mediados de mayo continúa sin el personal necesario y sin cumplir ningún tipo de función tras dos meses. El organismo interno fue anunciado a bombo y platillo por la formación conservadora con el objetivo de "reforzar el control interno".
La Oficina fue presidida, en un principio, por el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, también exmano derecha de Gallardón, de perfil moderado y tradicional enemigo del aguirrismo. Tras diez días en el cargo, decidió dimitir por motivos personales.
Desde entonces, el puesto directivo ha quedado completamente desierto, tal y como señalan desde El Diario, cuya junta tan sólo se compone de dos de los tres miembros necesarios para su correcto funcionamiento.
Los estatutos establecen que el organismo interno no tiene capacidad de actuación sin un presidente, por lo que se antoja imposible que se pueda llevar a cabo ninguna medida efectiva. De los dos únicos miembros que quedan en la Oficina, uno de ellos fue implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias en Aena.
La Oficina se creó a pasos acelerados tras el estallido del Caso Lezo y la detención de gran parte de la cúpula del Canal de Isabel II, empresa que gestiona las aguas de Madrid, durante los Gobiernos de Aguirre y González. Sin embargo, los investigadores no descartan que el también expresidente autonómico tuviese algún tipo de responsabilidad en la etapa final de su mandato.
Fue aquel estallido del caso Lezo el que obligó a la formación conservadora a 'tomar cartas en el asunto' y anunciar por todos los medios la creación de la mencionada oficina con el fin de transmitir el mensaje de que todos estos casos no quedarían impunes.
La Oficina no tiene capacidad de sanción, pero sí puede llamar a declarar a cualquier miembro del PP sobre el que haya sospecha. Sus cometidos son vigilar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio, así como la gestión de los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido.
El organismo se reunirá en septiembre aunque desde el PP no tienen conocimiento de la fecha en la que se elegirá un nuevo presidente, y ni siquiera saben a quién colocarán en el puesto.
