El Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo (PP), podría ser el próximo presidente de la Generalitat si finalmente se activa el artículo 155 de la Constitución el próximo jueves 19 de octubre.
En Madrid se espera que, tras la tibia respuesta de Puigdemont, se produzca una aclaración contundente sobre si el Govern ha declarado la independencia de manera formal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (encargada en el Gobierno central de gestionar la crisis catalana) ha afirmado que no se acepta una respuesta que salga de "un sí o un no", por lo que la carta de Puigdemont no se considera válida. Una forma de trasladar la pelota de nuevo a Barcelona.
En medio de esta batalla dialéctica, el Gobierno de Mariano Rajoy ya está planteando con seriedad la aplicación del artículo 155, que contempla la suspensión de autonomía en el caso de que no acate la legalidad española. Se lo han pedido sus socios de Ciudadanos y el PSOE, a pesar de las reticencias iniciales, ahora se muestra proclive a apoyarlo.
El cambio de situación también se plasma en La Moncloa. Pese a que desde Madrid se insistió en aplicar el artículo, con "bisturí" y mesura; los planes del Ejecutivo parecen cambiar a pasos agigantados y conforme se precipitan los acontecimientos en esta guerra de desgaste entre administraciones.
El plan que, al parecer, se maneja desde el Gobierno central pasaría por destituir al Govern en pleno y organizar un ejecutivo autonómico en funciones con el único fin de convocar nuevas elecciones, tal y como señala OkDiario.
El nuevo president de la Generalitat sería Enric Millo, procedente de la Unió Democrática (antiguos socios de Convergencia) y actual miembro del PP. Su plazo al frente de la autonomía duraría un total de 54 días hasta la celebración de unos nuevos comicios. Por otro lado, los Mossos d'Esquadra quedarían bajo el mando de la Policía Nacional, con las consiguientes destituciones de la cúpula que colaboró con el soberanismo.
Dos caminos para aplicar el 155
En cuanto a la gestión de servicios esenciales como infraestructuras o servicios sociales, el Gobierno de Mariano Rajoy maneja dos vías: la tecnocrática y la del gobierno de 'notables', una opción a tomar con cautela.
La tecnocrática pasaría por manejar las distintas consejerías desde los respectivos ministerios, de manera remota y siempre en funciones. El objetivo es que el gobierno sea meramente un gestor y que la política se deje al margen puesto que, evidentemente, se trata de un gobierno que no se ha elegido en las urnas.
Por otro lado, la vía del 'gobierno de notables' pasaría por colocar al frente de las consejerías a personalidades contrarias a la independencia pero con una trayectoria y carisma reconocidos. Entre ellos, se barajan los nombres de Josep Borell (que tuvo gran protagonismo en la manifestación por la Unidad de España en Barcelona) o Josep Piqué, antiguo líder del PPC y recientemente nombrado miembro del consejo de administración de Aena.
Esta última vía, sin embargo, cuenta con menos papeletas si se tiene en cuenta que escenificaría con mayor contundencia la imposición de un gobierno en Cataluña, una imagen que el soberanismo ansía tal y como se desprende del informe Enfocats intervenido por la Guardia Civil.
No hay que olvidar que el Gobierno central ya está aplicando de facto, no de iure, el artículo 155, con la intervención de cuentas de la Generalitat para garantizar que ninguna partida se destina a los planes del soberanismo.
El principal problema que plantea la aplicación del mencionado artículo se plasma en el aumento de confrontación social y tensión en las calles. Moncloa quiere evitar que se repita la imagen de las cargas del pasado 1-O, que lastraron la imagen del Ejecutivo tanto dentro como fuera de las fronteras. La situación es muy tensa y, en este caso, requiere de mucho tacto ante la fragilidad del mayor conflicto que ha enfrentado nuestro país durante el último período democrático.
Procesados en la Audiencia Nacional
Por otro lado, no hay que olvidar que los líderes de las asociaciones soberanistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, se encuentran junto al Major Trapero en un proceso judicial por delitos de sedición y rebelión.
Si el Govern de la Generalitat no descarta tajantemente la declaración de independencia y se activa el 155, la maquinaria del Estado podría abrir procesos similares contra los miembros del Ejecutivo que ya habrían sido destituidos (sin sus correspondientes aforamientos).
La situación, sin duda, tensaría enormemente a la sociedad catalana y afectaría negativamente a la imagen internacional de España, con un gobierno que, sin embargo, cuenta con el apoyo de una Europa que no quiere "90 Estados", tal y como indicó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
El peligro de que las elecciones confirmen la ruptura
Por último, si se aplica el 155 para realizar nuevas elecciones, se corre el peligro de que el entorno soberanista las boicotee y no se presente. Es un plan que ya se ha barajado entre ERC, PDeCAT y la CUP.
Si esto sucede y la participación en los comicios es mínima, se escenificaría una ruptura mayúscula entre las administraciones españolas y la sociedad catalana, otra imagen que aportaría fuerza al entorno soberanista para sostener su discurso.
En dicho caso, La Moncloa tendría serios problemas para continuar por la vía de no-diálogo, en un momento en el que el único argumento para Cataluña se centra en el cumplimiento de la ley, sin hacer política real.
