El escándalo en torno a Luis Rubiales ha hecho poner el foco en los mecanismos del mundo del deporte para sancionar o destituir a alguien tan poderoso como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ante una infracción grave.
El beso sin consentimiento que Rubiales propinó a la jugadora Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección Española en el Mundial Femenino de Fútbol celebrado en Australia y Nueva Zelanda ha levantado una enorme polémica no solo en el terreno deportivo, sino también en el social y político. Con ello, se ha puesto de manifiesto la situación de las mujeres en el deporte rey para ahondar en cuestiones como el abuso y el consentimiento.
Por el momento todas las miradas se posan en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) pues de su decisión depende en buena medida el futuro de Luis Rubiales y lo que pueda o no hacer el Gobierno. Este organismo sopesa si admite o no la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Luis Rubiales por "infracciones muy graves". En caso de dar luz verde, el CSD iniciará el proceso para inhabilitar a Rubiales.
Los 7 del TAD
La razón de ser del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no es sino la de órgano garantista, para velar por la salubridad de los procesos electorales, pero también sancionador y disciplinario, especialmente en materia de dopaje.
Son siete personas las que componen el TAD. Su presidente es Francisco de Miguel Pajuelo, nombrado como responsable en mayo de 2023 tras expirar el mandato de su predecesor, Julián Espartero Casado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, es funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, además de autor de numerosas obras de Derecho y cuestiones administrativas. Antes de llegar a la presidencia, había sido vocal y secretario del TAD. Su mano derecha es Guillermo de Blas Blados, abogado del Estado, que también llegó al cargo de secretario en mayo.
Los otros cinco miembros son vocales del TAD: Eva Fernández, abogada del Estado; Pilar Juárez, profesora de la Universidad Carlos III; Alfonso Ramos del Molins, abogado del Estado; Marina Adela Porta Serrano, abogada del Estado; y Jaime Caravaca, abogado del Estado.
La designación de los siete miembros es mixta. Cuatro de ellos son elegidos a propuesta del presidente del Consejo Superior de Deportes y los otros tres salen a iniciativa de las federaciones deportivas españolas.
