Ya hay nombre para sustituir a Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres tras su cese definitivo. Se trata de Cristina Hernández, una persona con una holgada trayectoria en el ámbito de la igualdad de las mujeres y el feminismo.
García es licenciada en Sociología y experta en la materia. Estudió en la Universidad de Salamanca y MA Refugee Studies en la University of East London. Asimismo, está especializada en políticas públicas de igualdad y violencia de género en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la Middlesex University y en la Universidad Rey Juan Carlos.
Hasta el momento, ha trabajado como asesora de organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades públicas y políticas, entre las que se encuentra en Grupo Parlamentario Socialista y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
También ha sido profesora asociada de la Universidad de Salamanca, en la que ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales. Del mismo modo, ha sido responsable de Formación del Servicio telefónico 016, especializado en Información y Asesoramiento a víctimas de violencia machista.
En la actualidad, trabajaba como asesora en el Gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Cese definitivo de Isabel García
El Consejo de Ministros ha decidido cesar este martes de manera definitiva a Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres por las presuntas irregularidades en las que la hasta ahora encargada de este organismo habría incurrido a partir de los contratos adjudicados por administraciones que comparte con su pareja.
Moncloa ha tomado esta decisión ante la presión de Sumar, socios de los socialistas en el Ejecutivo de coalición, y algunas voces críticas del propio PSOE. Ya el pasado 17 de julio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió explicaciones a García acerca de los contratos que habían sido adjudicados por diferentes organismos a la sociedad que comparte con su pareja.
Ahora, el Gobierno de España actúa en la práctica y procede al despido de su persona.
La directora y su pareja habrían obtenido en los últimos dos años encargos para gestionar puntos violeta -aquellos que se localizan en algunas fiestas o eventos, muchas veces multitudinarios, destinados a las mujeres para que éstas puedan acudir en caso de agresión o abuso sexual- así como otras actividades que guardan relación con la protección y la igualdad de las mujeres por valor de 250.000 euros. Según detallaba El Español , 64 de estas adjudicaciones fueron directas.
El periódico mencionado contaba que para proceder al cierre de uno de estos contratos sí que existió concurso público y que a él se presentaron tres entidades cuando García se encontraba ya dirigiendo el instituto. Sin embargo, una de las concursantes habría llevado a cabo una oferta que resultaba mucho más ventajosa en lo económico.
La que hasta este martes era responsable de Instituto de las Mujeres se defendía señalando que en 2023, año de su nombramiento, se puso en contacto con la Oficina de Intereses para que le indicaran la forma de proceder, al encontrarse sometida a la normativa de altos cargos.
"Entonces se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo mi nombre un 8%", relataba, asegurando que "había cumplido y cumple escrupulosamente la ley".
La normativa a la que García se amparaba estima que si el alto cargo y su cónyuge se encuentran en régimen matrimonial de separación de bienes no existe ilegalidad siempre que el alto cargo no disfrute del más del 10% de la empresa.
El periódico se centraba en que la venta de participación se realizó en marzo de 2023, cuando García ya era directora. Ella respondía al medio de comunicación que las parejas de las políticas y los políticas también tienen "derecho a comer" a la vez que la ministra de Igualdad le pedía rendir cuentas.
