Las autoridades sanitarias llevan meses explicando todo lo que debemos tener en cuenta para evitar el coronavirus, sobre todo porque la pandemia ya ha dejado 30.000 muertos en nuestro país.
Sin embargo, hay ciudadanos que apuestan por todo lo contrario... forzar los contagios todo lo posible para contraer la enfermedad. Eso es lo que se han encontrado la Guardia Civil y la Policía Local de La Orotava (Tenerife) en la playa de Los Patos, un espacio protegido en el que se habían congregado 62 personas acampadas. La Policía local ha anunciado la operación en redes sociales.
En la mañana de hoy, un dispositivo de #GuardiaCivil y #PoliciaLocal ha procedido al desalojo de la Playa de Los Patos donde habían 62 personas acampadas. La Guardia Civil había interceptado una quedada en la playa para difundir el COVI-19 en esta zona con acceso prohibido. pic.twitter.com/HKju2TEH2v
— Área de Seguridad de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) August 8, 2020
La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y las autoridades tuvieron constancia del encuentro que se iba a producir en este paraje natural protegido.
De hecho, la playa se encuentra cerrada al público en estos momentos ante el peligro de desprendimientos. Los congregados, que se exponían además a este riesgo, intentaron aprovechar el cierre para pasar desapercibidos, pero no contaban con el hecho de que los agentes estaban leyendo los mensajes que estaban publicando en las redes.
El Gobierno canario aumenta la vigilancia frente al Covid-19
Esta actuación se produce en mitad de la orden emitida por el Gobierno de Canarias para que las fuerzas del orden refuercen la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la expansión del coronavirus.
El Gobierno autonómico ha destacado la necesidad de perseguir y fiscalizar las fiestas ilegales, aglomeraciones de jóvenes y, sobre todo, cualquier tipo de evento en el que no se pueda guardar la distancia social y no se estén empleando mascarillas.
El incumplimiento de estas medidas puede acarrear una multa cuyo importe mínimo arranca desde los cien euros para el infractor. El pasado viernes, las autoridades desalojaron a 78 jóvenes en una fiesta clandestina en el municipio tinerfeño de Güímar, que se saldó con cuatro denuncias por distintas infracciones.
