Túnez estaba considerado hasta la fecha como el único país en el que había triunfado la Primavera Árabe, las protestas surgidas en el comienzo de la década de 2010 bajo el anhelo de democratizar la región. El país es el único que permite asociaciones de personas ateas y cuenta con una de las leyes de violencia de género más avanzadas del mundo árabe. Los avances en el Parlamento estaban acercando al país a los estándares de una democracia plena. Pero todo parece haberse truncado de repente.
Las multitudinarias manifestaciones del domingo 25 de julio suponen el detonante de un caldo de cultivo lastrado por la crisis social y sanitaria en la que se sumida el país (el turismo supone el 16% del PIB y la pandemia ha golpeado duramente el sistema sanitario, así como a la población).
Todo ello se suma a las tensiones entre el presidente del país, Kais Saied (sin partido, de corte populista) y el presidente de la Cámara, Rached Ghannouchi (Ennahda, islamista moderado), que en ocasiones se ha negado a tramitar algunas de sus iniciativas. Junto a ellos, está el primer ministro, Hichem Mechcihi, que llegó al puesto por el primer, Saied, pero que se ha acercado a Ghannouchi para reducir la excesiva influencia que ejercía sobre él.
Las zancadillas entre las patas del poder por ocupar más responsabilidades entre los cargos, en una democracia que todavía necesita asentarse y en un contexto de crisis como el actual, donde la sociedad reclama medidas contundentes, ha generado un caldo de cultivo muy peligroso que pone a Túnez en un brete.
Denuncia de golpe de Estado
Todo ha terminado con una denuncia de golpe de Estado. El presidente de Túnez, Kais Saied, ha suspendido la actividad parlamentaria y destituido al primer ministro. Este movimiento se ve como una afrenta al sistema democrático y el primer paso hacia un cambio de sistema en el país.
Saied justifica su movimiento en que mantendrá su esquema hasta recuperar la "paz social y salvar al Estado y la sociedad". Además, ha echado mano del artículo 80 de la Constitución, en lo que algunos juristas consideran una interpretación torticera argumentando que el presidente puede tomar medidas excepcionales en caso de "peligro inminente". El partido en el poder, Ennahda, considera que estos hechos representan un auténtico golpe de Estado.
El Parlamento queda, por ahora, suspendido, en un contexto en el que los líderes del sistema se estaban poniendo trabas entre ellos con el único objetivo de acaparar más poder y en un momento de grave crisis social y sanitaria.
La mala gestión de la pandemia
Junto con la crisis económica derivada de la actual pandemia, Túnez sufre los efectos de una mala gestión sanitaria. Las muertes relacionadas con el coronavirus han alcanzado en el país nuevos récord, superando la semana pasada las 300 en un período de 24 horas.
La campaña de vacunación se desarrolla con gran lentitud: solo el 7% de los 11,7 millones de habitantes cuentan con la pauta completa. El Gobierno intentó acelerar la vacunación, abriéndola a los mayores de 18 años durante las vacaciones de Eid al-Adha, la festividad mayor de los musulmanes.
Pero el intento se convirtió en un caos, con estampidas, escasez de suministros e incidentes violentos. El primer ministro destituyó finalmente a la ministra de Sanidad (ha habido cinco relevos en el cargo), lo que llevó a encargar finalmente la gestión de la crisis sanitaria al Ejército.
Una Transición que no se consolida
Túnez siempre ha sido situado como modelo en las Primaveras Árabes por su diferente destino frente a otros países que vivieron revueltas similares, como Libia, Siria o Egipto. Las reformas democráticas emprendidas durante años parecían tomar fuerza y consolidarse en la sociedad, pero el país todavía lastra problemas profundos que no ha resuelto.
Desde 2011, Túnez lastra inestabilidad, con nueve gobiernos desde la revolución, muchos de corta duración o fracturados. Nunca se han resuelto problemas graves y ya estructurales como el desempleo o el desmoronamiento de las estructuras estatales, que motivaron las manifestaciones de la Primavera Árabe.
Además, el país sufre déficits presupuestarios y problemas de pago de la deuda que podrían precisar de nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que podría perjudicar a los tunecinos por la pérdida de puestos de trabajo estatales y la reducción de subvenciones.
