Israel enfrenta una fuerte crisis. Las protestas se extienden por el país, después de que más de 600.000 personas hayan marchado por las principales ciudades para protestar por la destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, al que han apartado de su cargo tras posicionarse en contra de la polémica reforma judicial que está tramitando el Gobierno, una controvertida medida que según sus detractores podría poner en jaque la separación de poderes para beneficiar al Gobierno.
La propuesta ha encendido Israel y ha generado protestas en todo el país, con una gran ola de movilizaciones en el país. Se trata prácticamente de la mayor crisis institucional que enfrenta el país hebreo desde su fundación en 1948 y las divisiones en el Gobierno y el partido de Netanyahu, Likud, empiezan a crecer, mientras algunos medios aseguran que se están planteando "pausar" la tramitación de la reforma, acorralado el Gobierno por al intensidad de las protestas y el alcance.
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— Markito Shango (@MarkitoShango) March 27, 2023
La presión sobre Netanyahu se encuentra en la calle, pero también a nivel institucional. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se ha pronunciado en contra de esta reforma, con un mensaje en Twitter: "Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad, pido a Netanyahu que detenga inmediatamente el proceso legislativo".
El Gobierno argumenta que la reforma es necesaria porque el Tribunal Supremo del país se ha entrometido históricamente en demasiados asuntos políticos y considera que es necesario poner un límite a estos poderes desde el Gobierno.
Por otro lado, los detractores argumentan que la reforma busca controlar desde el Ejecutivo al Poder Judicial y defienden que en cualquier democracia es fundamental la salud de una Justicia independiente, que garantice una clara independencia de los poderes legislativo y ejecutivo.
¿Qué contempla la reforma judicial de Netanyahu en Israel?
La legislación contempla determinados puntos que han encendido las protestas por todo el país y que suponen, a juicio de los críticos, un ataque a la separación de poderes en un sistema democrático, mientras que el Gobierno defiende que el Tribunal Supremo necesita un coto para no cercar a los políticos. Estos son los puntos más controvertidos, recoge la Agencia EFE:
- Elección de los jueces: El comité que recomienda el nombramiento de los jueces se compone actualmente por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de la Knéset y del gobierno; de forma que se requiere un acuerdo para elegir a los jueces. Con la reforma, se busca ampliar los miembros a once, con una composición de tres ministros y tres legisladores de coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de oposición; que otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once. Es la versión suavizada, ya que la inicial daba mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección.
- Revisión judicial: Los cambios buscan frenar que la Corte Suprema revise la legislación, incluida la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango institucional. La reforma quiere exigir la invalidación de cualquier ley con el consenso del 80% del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo se requiere mayoría simple. Es un punto que algunos detractores de la reforma defienden, al creer que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren de la forma y defienden que para aprobar o modificar leyes básicas es preciso una mayoría simple en el Parlamento.
- Cláusula de Anulación: Permitiría una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) y anular fallos del Supremo que impliquen revertir o modificar leyes. Quienes se oponen a la ley ven en la cláusula una violación de la separación de poderes o la independencia judicial, una amenaza a la democracia israelí. La propuesta de ley incluye una cláusula de anulación, que blinda leyes ante su revisión judicial y pasó en primera instancia hace dos semanas. Su aprobación definitiva se retrasó hasta mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.
- Asesores legales de los ministerios: La reforma busca reclasificarlos los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Las opiniones de los asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento. Los ministros tendrán control para elegir y despedir a los asesores. Para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.
- Razonabilidad: La reforma pretende limitar el alcance del concepto de "razonabilidad", por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables. De esta forma, el Supremo consideró "irrazonable" el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Ayer Deri, después de ser condenado por fraude fiscal y eludir la cárcel por un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.
