El conflicto entre Palestina e Israel se recrudece con una escalada de violencia importante. El origen de esta tensión se encuentra en el interés de Israel de ahondar en su política colonizadora, concretamente, en la expropiación de ocho familias palestinas (87 personas, 24 de ellas menores, según activistas de la ONU del barrio de Sheikh Jarrah, situado en Jerusalén Este, siempre con el objetivo de entregar esas tierras a colonos judíos.
La situación de estas familias es urgente, con los tribunales a punto de tomar una decisión. Familias a las que se despoja de sus casas y sus tierras por una decisión arbitraria. El Tribunal Supremo ha retrasado una sesión en la que se iba a pronunciar sobre el desahucio inminente de estos cuatro hogares. El Supremo había pedido, por su parte, alcanzar algún tipo de parte con la organización israelí que pretende ocupar las tierras, pero las familias palestinas se niegan.
Aparthied en pleno siglo XXI:
— Palestina Hoy ???????? (@HoyPalestina) May 10, 2021
Mientras que los colonos israelies celebran, los palestinos están siendo atacados por fuerzas de ocupación israelíes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. pic.twitter.com/tkHPucME8W
"El juez ha ordenado que ambas partes deben llegar a un acuerdo mediante el cual las familias de Sheikh Jarrah admiten que la organización de los colonos tiene la propiedad y que les peguen un alquiler. Nosotros, las cuatro familias de Sheikh Jarrah, rechazamos las condiciones de ese acuerdo porque estos son nuestros hogares y los colonos no son nuestros caseros", señalan las familias en un comunicado.
Un posible crimen de guerra
No es la primera vez que se realizan expulsiones arbitrarias de ciudadanos palestinos de Jerusalén Este para ocupar sus tierras. Así lo denuncian organismos internacionales como la ONU: "Según una investigación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2020 al menos 218 hogares palestinos en Jerusalén Este, incluidas las familias de Sheikh Jarrah, tuvieron casos de desahucios en su contra en los tribunales. La mayoría de estos casos han sido iniciados por 'organizaciones de colonos' y han situado a 970 personas, incluidos 424 menores, en riesgo de desplazamiento", señaló la semana pasada Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Colvillle recuerda que "la transferencia de partes de la población civil de la potencia ocupante al territorio que ocupa está prohibida bajo el derecho humanitario internacional y puede constituir un crimen de guerra". Y destaca que "Jerusalén Este sigue siendo parte del territorio ocupado palestino, en el cual se aplica el derecho internacional humanitario. La potencia ocupante no puede confiar propiedad privada en el territorio ocupado y debe respetar la legislación del país. Esto significa que Israel no puede imponer su propio conjunto de leyes en territorio ocupado para desahuciar a palestinos de sus hogares".
Un aumento de la tensión
Con todo, la tensión va en aumento. El pasado viernes 30 de abril, alrededor de la mezquita AlAqsa de Jerusalén estallaron protestas que acabaron con 205 civiles palestinos y 17 policías israelíes heridos. La policía llegó a disparar dentro de la mezquita con material antidisturbios. Las protestas se extendieron a lo largo del fin de semana, dentro de uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, con más de 300 creyentes heridos.
Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, ha lanzado un ultimátum para que Israel saque a los agentes de la mezquita, algo que ha aumentado la tensión. Israel ha ignorado las peticiones, por lo que Hamás ha disparado varios cohetes, que Israel ha contenido rápidamente. La respuesta: bombardear Gaza, dejando 24 muertos, nueve de ellos niños.
Es la tónica habitual entre ambos territorios. Israel despliega toda su artillería, Palestina intenta contraatacar y finalmente su contrincante reprende con una fuerza que masacra a la población vecina. Ambos estados no están equilibrados y únicamente el ojo internacional es lo que no evita una masacre mayor.
Anexión
Los acuerdos que partieron Palestina en un estado judío y otro árabe, votado en 1947 en un insólito acuerdo en la Asamblea General de la ONU sin contar con ningún país árabe del entorno, no se han respetado. Israel se hizo con el 77% del control del territorio, cuando debía controlar el 56%. Para evitarlo, Jordania ocupó (y anexionó) Cisjordania y Jerusalén oriental, expulsando a los residentes del barrio judío de la ciudad vieja; mientras que Egipto se apoderó de la Franja de Gaza. Desde entonces, sus residentes han quedado en un limbo administrativo, como apátridas en el estatuto internacional.
Israel, que quiere ocupar el máximo territorio, aprovecha dos legislaciones propias en este territorio que no es de su soberanía para, literalmente, ir colonizando: la Ley de Propiedad de Ausentes y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970.
La primera permitió a Israel quedarse con las propiedades de Jerusalén Oeste que dejaron los palestinos desplazados por la guerra. La segunda está siendo empleada para reivindicar la propiedad sobre tierras que supuestamente tenían los judíos antes de la guerra de 1948 y que dejaron atrás. Con ello, ya hay un plan de urbanismo para derribar las casas de los palestinos y construir 200 hogares de colonos israelíes en Sheikh Jarrah.
"Estas acciones son ilegales bajo el derecho internacional humanitario y solo sirven para alimentar las tensiones sobre el terreno", señaló el fin de semana el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano. La tónica general entre comunidad internacional es criticar la ocupación, pero nadie actúa contra el aliado de Estados Unidos.
Por cierto, la nueva administración de Biden tampoco apoya: "Estamos muy preocupados ante el posible desalojo de familias palestinas en Sheikh Jarrah y Silwan, muchas de las cuales han vivido ahí durante generaciones. Es fundamental evitar pasos que aumenten la tensión o que nos alejen de la paz. Esto incluye los desalojos en Jerusalén Este, los asentamientos, la demolición de casas y los actos de terrorismo", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. No apoya, pero tampoco actúa.
