El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha revalidado su poder en las últimas elecciones, según ha afirmado en un discurso desde el Palacio Nacional, con un 85% de los votos. El mandatario ha encumbrado su imagen pública, entre otras circunstancias, abanderando una lucha contra la acción de las maras en el país, que ha resultado controvertida pero efectiva.
El Salvador, de hecho, ha pasado de situarse en la cola en cuestiones de seguridad a liderar las listas sobre esta materia en su región, con una tasa de homicidios que se ha visto reducida a ocho por cada 100.000 habitantes. Los integrantes de las pandillas, conocidas como maras, han pasado del terror en las calles a ser internados en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la megaprisión del país destinada al combate contra estos grupos.
Las maras se constituyen como un ejército juvenil, cuyos integrantes se integran entre los 12 y 21 años. Es habitual que sus miembros terminen en estos grupos después de atravesar problemas económicos, de abuso o circunstancias familiares adversas, que llevan a que los jóvenes se integren en busca de una red de apoyo en las calles. Sin embargo, su acción es tremendamente peligrosa, puesto que durante años han campado a sus anchas, armados e imponiendo una ley propia.
Sus integrantes acceden a los grupos mediante una ceremonia de iniciación, que habitualmente se constituye como una paliza de los miembros que, posteriormente, se situarán como sus allegados en el grupo. Sus integrantes acostumbran a tatuarse todo el cuerpo, incluido el rostro, con signos que representan lealtad a una banda de la que posteriormente es muy difícil salir. Además, emplean formas de hablar, caminar o vestir propias.
La extrema violencia y crueldad de las pandillas en El Salvador ha convertido esta problemática en una cuestión de Estado. Un estudio de Human Rights Watch (HRW) calcula alrededor de 40.000 personas integrantes de estos grupos en el país en 2022.
La mayoría de personas integradas en maras pertenecen a los dos grupos mayoritarios en el país: la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Callejera 18 (Barrio 18). Ambas han estado tradicionalmente enfrentadas entre sí, protagonizando múltiples conflictos.
Origen
El origen de las maras se sitúa en el conflicto armado que estalló en El Salvador entre 1980 y 1992. Una guerra que provocó la huida de gran parte de la población hacia Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. Cuando el conflicto terminó, 1992, Washington ordenó la deportación inmediata de toda la población que había huido del país.
Fue entonces cuando gran parte de la población retornó sin ningún arraigo y, en este marco, la ya existente Mara 18 (M-18) y la recién creada Mara Salvatrucha (MS-13) aprovecharon el contexto para reunir afines, replicar las estructuras criminales que habían visto desarrollar en Estados Unidos, y rápidamente se convirtieron en importantes organizaciones criminales conocidas por su violencia extrema.
Estos grupos se han convertido en un auténtico problema para el Gobierno de El Salvador, puesto que su acción había provocado un grave problema de orden público. La Administración ha tenido que negociar en varias ocasiones con los líderes de las pandillas para intentar contener la violencia en el país, y algunos medios locales señalan que Bukele también lo habría intentado cuando era alcalde de la capital y desde la presidencia: en 2020, según una investigación de El Faro, habría ofrecido múltiples beneficios penitenciarios a cambio de reducir las tasas de violencia.
La política desarrollada por Bukele ha terminado en el encarcelamiento de 70.000 personas, y aunque la violencia ha reducido drásticamente, no ha dejado de resultar controvertida, el Parlamento del país destituyó en 2021 a varios jueces de la Corte Suprema y al fiscal general, mientras investigaba dichas negociaciones, incluido al director de Centros Penales, Osiris Luna.
La justicia del país ha sufrido un contexto que genera reticencias, con la designación de jueces a dedo en los principales tribunales y, posteriormente, el diseño de nuevas legislaciones que amplían sus poderes y capacidad de actuación.
La acción de Bukele ha supuesto un referente para otros dirigentes que también tienen que lidiar con grandes problemas de inseguridad en sus territorios, sin embargo, se teme que pueda derivar en un deterioro democrático en la región.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también ha decretado un estado de excepción en su combate a las maras y Jamaica también ha optado por esta solución para combatir el repunte de violencia experimentado por las organizaciones criminales.
Un precedente de esta lucha beligerante contra la criminalidad también se sitúa en Filipinas, donde el ex presidente Rodrigo Duterte aplicó en 2016 una política totalmente beligerante a nivel judicial contra las organizaciones criminales que actuaban en el país, que en todo caso también recibió grandes reticencias de los observadores internacionales.
