La polémica sobre la contratación de riders en Glovo como 'falsos autónomos' parece tener sus días contados. La empresa de repartos se ha comprometido públicamente, por primera vez, a cambiar este modelo para que sus trabajadores pasen a ser asalariados y tengan una nómina directa pagada por la empresa.
Este cambio había sido reclamado en varias ocasiones desde los tribunales y por la Inspección de Trabajo, que exigía desde hacía más de un lustro la contratación directa de sus trabajadores, con alrededor de 15.000 'riders' operando por todo el país. En todo caso, la compañía no ha aclarado si finalmente se contratará a los 15.000 trabajadores.
Ante las reticencias de la empresa, la Inspección de Trabajo remitirá a Glovo una sanción por un importe superior a 500 millones de euros, según ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hasta ahora y desde que Glovo comenzó a operar en España en 2015, la empresa ya ha recibido más de 253 millones de euros en multas y requerimientos a la Seguridad Social. Además, se ha visto obligada a regularizar un total de 40.889 repartidores que ejercían como falsos autónomos y que han sido dados de alta como asalariados por la autoridad laboral.
Declaración ante el juzgado
Este movimiento en Glovo no es casual. Se produce, precisamente, un día antes de que el cofundador y consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, esté citado a declarar ante el juzgado de instrucción. número 31 de Barcelona, acusado de delitos penales contra los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía le investiga por su negativa reiterada a contratar a los repartidores que trabajan para la empresa en España. Una política que incluye negar derechos básicos para cualquier empleado, incluyendo las vacaciones pagadas o las bajas por enfermar.
La empresa argumenta este cambio en "su compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país" y ha reconocido que supone un "impulso para un nuevo modelo en España que permitirá la operativa con repartidores laborales".
De este modo, Glovo renuncia finalmente al modelo de los falsos autónomos para sus repartidores en España y apostará por la contratación directa de los empleados como miembros de la propia plataforma, en lugar de subcontratar flotas.
Este giro de la empresa supone un cambio completo en el modelo de negocio de la empresa, precisamente cuando hacía menos de un mes había introducido cambios en la aplicación para reforzar la apariencia de autonomía de sus repartidores.
De este modo, la empresa zanja su enfrentamiento con el Ministerio de Trabajo y una guerra con los tribunales precisamente cuando el Gobierno veía cómo su ley rider se desdibujaba. Así quedó patente en el movimiento de Uber, que inicialmente decidió cumplirla, pero después regresó al antiguo modelo al comprobar cómo su competidor, Glovo, no había sufrido por este motivo ninguna consecuencia. "Por fin lo hemos conseguido", ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
