La DANA más mortífera ya ha dejado al menos 214 muertos en la Comunidad Valenciana (210), Castilla-La Mancha (3) y Andalucía (1). A pesar de las graves consecuencias de este fenómeno metereológico, los ciudadanos no recibieron alertas para extremar las precauciones hasta las 20:11 a través del sistema de alerta móvil ES-Alert, motivo por el que muchos ciudadanos estaban realizando labores cotidianas o incluso acudieron a rescatar sus vehículos en el garaje a pesar del riesgo que implicaba.
La tardanza en la respuesta ha sido un motivo de indignación ciudadana, que se ha sumado a la incómoda situación a la que se enfrentaron las autoridades en su visita a Paiporta, donde los congregados criticaron la falta de medios para afrontar esta crisis y recuperar la normalidad cuanto antes.
Las peticiones de responsabilidades políticas ante la gestión de la crisis se han sucedido en todos los ámbitos, aunque por el momento no se han producido dimisiones. Las administraciones están lanzándose la pelota ante lo ocurrido.
Declaración de emergencia
Los protocolos actuales indican que siempre que se mantenga el nivel 2 de alerta la gestión de una crisis recae sobre las comunidades autónomas, encargadas de solicitar al Centro Nacional de Emergencias (dependiente del Gobierno central) que emita avisos móviles.
Es decir, los medios son del Estado, aunque la gestión recae exclusivamente en las Comunidades Autónomas, como representantes del Estado en un territorio, de quienes se espera la máxima cooperación para la gestión de las crisis.
Por tanto, el Gobierno de Carlos Mazón, al frente de la Generalitat Valenciana, tenía exclusivamente la capacidad de emitir una alerta masiva para que todos los ciudadanos tomaran algunas precauciones, como permanecer en viviendas altas y restringir al máximo los desplazamientos.
Fue a las 15:00 horas del 29 de octubre cuando el centro de emergencias de la Generalitat lanzó un nivel 2 de alerta en las comarcas de Utiel-Requena y La Plana. Dicha alerta se extendió a las 19:17 horas a toda la provincia de Valencia. El sistema de alerta móvil ES-Alert depende del Gobierno, pero es una herramienta a utilizar por las Comunidades Autónomas, que en Valencia no se extendió dicho aviso a las 20:11 horas, cuando ya había barrancos desbordados y fuertes crecidas en los ríos.
A las 21:03 horas se lanzó un segundo aviso en las comarcas de Ribera Alta, Ribera Baixa, Hoya de Bunyol y L'Horta Sus, en el que ya se pedía a los vecinos mantenerse en casa, alejarse y subir en zonas próximas a ríos, barrancos o ramblas.
Responsabilidades
Ante la indignación generada por este aviso tardío, la Generalitat Valenciana derivó la responsabilidad en Interior. "Es un protocolo previamente establecido y que coordina la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España", aseguró Carlos Mazón el 30 de octubre.
Interior no tardó en salir a explicar durante la siguiente jornada que la Generalitat Valenciana mantiene el nivel 2 de alerta y que los protocolos establecen que las funciones recaen sobre la comunidad autónoma. Incumplir este criterio sería vulnerar el estado de derecho, que delimita las competencias entre administraciones.
La Generalitat Valenciana todavía no ha activado el máximo nivel de alerta tras 214 muertos, sin ceder de este modo el mando al Gobierno central, aunque ha reclamado su cooperación. Tampoco ha solicitado la activación del artículo 116 de la Constitución, relativo al estado de alarma, que establece que "el president de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica" cuando se considere que la intensidad de los daños sea "particularmente grave".
Sin activar el máximo nivel de alerta, el Gobierno debería haber entrado en un conflicto directo para asumir el mando. De este modo, podría haber declarado el estado de alarma y dirigir desde Madrid toda la crisis, así como haber activado el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía.
Alertas de Protección Civil
Protección Civil establece cuatro niveles de emergencia, desde el 0 (preemergencia) hasta el 3. La Generalitat nunca ha activado el máximo nivel de alerta. Además, la normativa establece que cuando una situación de riesgo afecta a un territorio específico, será la comunidad autónoma quien gestione, aunque puede solicitar la colaboración de otras administraciones, como el Gobierno central.
El nivel 3 de alerta se reserva a emergencias de envergadura nacional, que incluyen el mando exclusivo del Gobierno a través de los órganos de protección civil dependientes de Interior. El Ejecutivo tiene potestad de declarar la emergencia nacional siempre que lo considere necesario.
La declaración de emergencia nacional puede estar motivada porque una o varias Comunidades Autónomas lo soliciten, o que el Ejecutivo crea conveniente activar este mecanismo por su propia cuenta, sin la petición expresa de ninguna comunidad.
Cuando finalmente se activa, los efectivos que operan sobre el terreno pasan directamente al mando del Gobierno central e incluso pueden solicitar equipos y personal de otras Comunidades Autónomas que no estén afectadas por la emergencia.
Siguiendo las competencias delimitadas en este tipo de crisis y como el Gobierno valenciano no ha declarado el máximo nivel de alerta ni solicitado formalmente el estado de alarma, la Generalitat continúa al frente de la crisis mientras que el Estado se encarga de asistir con recursos materiales, económicos y humanos.
