Se cumplen diez años desde que ETA anunció el fin de su actividad armada. En la actualidad, la banda criminal se reduce a una veintena de huidos y 184 presos en cárceles españolas, 73 de ellos acercados ya al País Vasco tras la decisión de poner fin a la política de dispersión de presos llevada a cabo por Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno también ha cedido en este tiempo la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco y ha aceptado a EH Bildu como uno de sus socios parlamentarios.
Arnaldo Otegi sigue siendo el líder de la izquierda abertzale, al igual que hace una década. Sin embargo, en aquella época estaba en prisión por intentar reconstruir la ilegalízala Batasuna siguiendo las órdenes de la banda terrorista ETA.
Sus negociaciones con el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Jesús Eguiguren, se entrelazaron con comunicados de la banda terrorista, antes y después del 20 de octubre de 2011, que desembocó en el abandono definitivo de las armas.
Una década después del comunicado en el que tres encapuchados solicitaban "diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", en referencia a los presos de ETA, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen la búsqueda de una veintena de huidos, la mayoría ubicados en Venezuela.
En este tiempo, el etarra más buscado por su simbolismo ha sido José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera. Fue detenido en una operación de la Guardia Civil en mayo de 2019 en los Alpes franceses. Todavía sigue pendiente su extradición, reclamado por la Justicia española por, entre otros actos, atentar contra una casa cuartel de Zaragoza.
Además, se han llevado a cabo las extradiciones de otros etarras, como Natividad Jáuregui, alias Pepona, entregada por Bélgica por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981. También las detenciones de la Policía en México de Ángel María Tellería, buscado por el asesinato de la inspectora María Josefa García Sánchez o Juan Jesús Naváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi, por asesinar con un paquete bomba a dos policías.
Se han practicado 35 detenciones desde que ETA anunció el fin de su actividad armada, las dos primeras tan solo ocho días después del comunicado, al detener en Bélgica a Ventura Tomé y Javier Aguirre Ibáñez.
Los más buscados
La Policía, mientras tanto, lucha por evitar la prescripción de los delitos en el caso de los etarras más buscados. Hay 21 miembros de la banda con delitos y un horizonte de prescripción de cuatro años. Diez de ellos están situados en Venezuela, uno en Cuba, cinco en Francia y otros dispersos en lugares como Brasil, México, Uruguay o Cabo Verde.
En esta lista de más buscados figuran históricos de la banda como Ignacio de Juana Chaos, aunque se ve complicada su entrega porque el delito por el que se pide su extradición es enaltecimiento. José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Orier Eguidazu Bernas, Eneko Aguirresarobe Olagoy y Anartz Arambarri Echaniz son otros de los miembros más buscados.
Mientras tanto, la Policía incide en el desarme de la banda. Uno de los datos más llamativos es la incautación de más del doble de armas que las que entregaron en 2017 en Francia ofreciendo las coordenadas de zulos, previa Declaración de Aiete y con ayuda de los conocidos como 'artesanos de la paz'.
Otro de los puntos sigue siendo actuar contra los más de 300 casos sin resolver, teniendo en cuenta que hubo terroristas amnistiados durante la Transición e investigaciones en los primeros años de la democracia basados en atestados incompletos en referencia a las pruebas periciales.
La Policía y la Guardia Civil mantienen a especialistas que indagan en sumarios y otros documentos, como los conocidos como 'Papeles de Francia', en colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y colectivos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Hay un centenar de informes reabiertos desde 2011 y quedan alrededor de 90 por revisar. Se ha logrado la resolución de casos mediante condena en 15 ocasiones, con víctimas como Ignacio Uría, Pedro Antonio Blanco, Máximo Casado, Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Raúl Centeno o Fernando Trapero.
Desde 2021, ningún etarra cumple condena en ningún territorio situado al sur de Madrid, algo parecido a los terroristas situados en Francia, que también han sido acercados al País Vasco. Con Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2018 se han producido 272 traslados correspondientes a 203 etarra,s 73 de ellos al País Vasco y otros 17 a cárceles de Navarra.
