La aplicación del artículo 155 con el fin de disolver el Parlament y convocar elecciones, busca encontrar un nuevo interlocutor con el que resolver el conflicto catalán desde La Moncloa.
Los analistas han aplaudido que la medida se haya aplicado con el único fin de adelantar los comicios y no como forma de imponer un nuevo Ejecutivo autonómico desde Madrid.
Sin embargo, en esta vuelta a las urnas, se presentarán las mismas formaciones y los mismos actores que han llevado la crisis hasta unos límites que jamás se hubieran previsto en los años previos. ¿Qué pasará si vuelven a ganar?
Unos comicios con los mismos candidatos
Las elecciones del 21-D contarán con Puigdemont como líder del PDeCat (ahora, Junts per Catalunya) y la antigua número dos de Junqueras, Marta Rovira, por parte de ERC.
Por su parte, el Tribunal Supremo ya ha insinuado que los miembros del Govern cesado podrían salir de prisión. Para ello, deberían comprometerse ante la Justicia a acatar el 155 y prometer que actuarán conforme a la Constitución y la legalidad vigente. Una estrategia que ya han seguido Rull y Turull.
Si la estrategia tiene efecto, Puigdemont podría seguir sus pasos: desde Bruselas ya ha asegurado que "la independencia no es la única vía posible", unas palabras que evidencian un cambio en la hoja de ruta del soberanismo. Quizás, todo ello pueda servir para evitar la cárcel en el momento en el que pise suelo español.
Los actores más destacados del independentismo cuentan con una situación judicial complicada. La muestra más evidente de ello es la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell: tras renegar de los planes del Govern, ha dejado de participar en las manifestaciones covocadas por ANC y Òmnium Cultural. Era uno de los actores del independentismo más movilizado.
Elecciones con planteamientos contradictorios
Los planes del exGovern pasaron en un primer momento por plantear el 21-D como un plebiscito en torno a la independencia de Cataluña. Sin embargo, con una parte del Ejecutivo en la cárcel, y otra en Bélgica, parece difícil conseguir una coordinación satisfactoria.
Además, todos ellos saben que su situación es especialmente complicada: si continúan actuando como hasta ahora pueden complicar su situación judicial, y si reniegan tajantemente de sus planes, pueden correr el riesgo de quedar como 'traidores'. Además, las relaciones entre Puigdemont y Junqueras están muertas desde que el segundo presionó al president para no adelantar las elecciones. Todo ello dificulta el entendimiento entre Junts per Catalunya y ERC en el futuro Parlament.
La situación se ha tensado demasiado y en este caso, parece que todo pasa por plantear vías alternativas con las que encontrar una respuesta intermedia, al estilo Santi Vila, que no concurrirá finalmente en estas elecciones.
Vías alternativas
En este caso, hay dos opciones posibles: solicitar al Gobierno y en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión para reformar el modelo territorial o, por otro lado, la revisión del encaje de Cataluña en España como 'Estado asociado', siguiendo el modelo de Puerto Rico.
1 Reforma del modelo territorial
La primera entraña menos riesgos y más posibilidades. Socialistas, Podemos y nacionalistas abogarían por crear un Estado Federal, quizás asimétrico, para contentar al soberanismo vasco y catalán (cuentan con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados). De esta forma, Cataluña y Euskadi contarían con un Estatuto, competencias y nivel de autonomía mucho mayor que Madrid o La Rioja (autonomías, por otro lado, creadas de manera artificial).
Dicho Estado Federal supondría el fin de las Autonomías, un modelo único en el mundo que se creó en una situación de extrema tensión como fue la Transición. Además, serviría para delimitar competencias y evitar el 'café para todos' que ha generado duplicidades y gastos innecesarios en la Administración.
Además, se podría plantear una reforma en la ley de financiación de las comunidades autónomas para terminar con la balanza fiscal negativa, aunque podría generar recelos en Madrid o Valencia, peor financiadas (y suponer un duro golpe para el fondo de reequilibrio territorial).
2 Estado Libre Asociado
Por otro lado, el Estatuto de Estado Libre Asociado permitiría que Cataluña gestionase sus recursos, pero contara a nivel internacional con el paraguas de un Estado en el que viven más de 40 millones de personas (una de las grandes fortalezas de España de cara al mercado europeo).
En este caso, socialistas, Ciudadanos y populares se opondrían tajantemente, por lo que la opción quedaría completamente estancada y sin garantías de prosperar. Este parece ser el camino hacia la que actualmente se dirige el soberanismo, a cuenta de las declaraciones de Puigdemont desde Bruselas.
Es la mejor vía para Cataluña: no colaboraría prácticamente con el resto de España en materia económica, pero podría utilizarla para sanear sus cuentas en caso de quiebra, para negociar cualquier asunto en Bruselas, para mantener la ciudadanía europea, o para contar con su Ejército en caso de Defensa.
¿Y si todo sigue igual?
Si se da el caso de que todo continúa igual, la situación sería muy complicada de gestionar desde La Moncloa.
Si gana Puigdemont (caso difícil, teniendo en cuenta la debacle del antiguo PDeCAT), el futuro president debería de volver a Barcelona para recoger su acta y firmar su toma de posesión como líder de la Generalitat.
Si allí afirma que continuará hacia adelante con los planes que ha estado realizando hasta ahora, el juez podría ordenar su detención inmediata, generando una crisis institucional sin precedentes en el último período democrático.
Todo ello daría pie a una incertidumbre en los mercados que podría dañar seriamente la economía catalana (puesto que la solución se aleja) y la tensión en las calles se recrudecería enormemente. Eventos como el Mobile World Congress podrían correr un serio peligro.
En este caso, La Moncloa podría verse obligada a aprobar finalmente el referéndum pactado o a realizar rápidamente la reforma constitucional que tanto se ha pedido públicamente durante los últimos meses.
El problema que enfrenta el PP es que lo que le ayuda en Cataluña, le perjudica electoralmente en el resto de España: por ello, se vería abocado a realizar sacrificios a los que, quizás, no estén dispuestos.
