El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos de España, CCOO y UGT, para modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que fijará una nueva jornada máxima de 37,5 horas. Todo lo que exceda ese límite se considerará como horas extraordinarias.
La medida incorpora otras reformas, incluyendo el endurecimiento del registro horario empresarial y sanciones por incumplimientos, con multas que podrían ascender hasta los 10.000 euros por trabajador afectado.
La nueva norma todavía tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, donde podrían modificarse algunas cuestiones como el plazo de aplicación. En todo caso, queda la duda sobre cómo afectará la medida a los salarios de los trabajadores.
¿Qué ocurrirá con mi sueldo con la reducción de jornada?
El cambio en las jornadas del Ministerio de Trabajo, según ha explicitado la cartera de Yolanda Díaz, no implicará ningún recorte en los salarios. La normativa establece que el empresario no podrá alterar ni eliminar complementos salariales, ni condiciones laborales beneficiosas previamente acordadas, fruto de la reducción obligatoria de la jornada laboral.
En dicho criterio también se incluyen ventajas adicionales para los trabajadores, como la posibilidad de optar a una bolsa de horas para asuntos personales. Por ejemplo, si un trabajador disponía de horas pactadas para asuntos propios, se deberán mantener intactas y no se podrán absorber. El Gobierno ha asegurado que revisará la normativa que regula las jornadas laborales especiales en un plazo máximo de 18 meses.
La revisión tiene como objetivo adaptar las condiciones particulares de ampliación o limitación en su duración y organización ante el nuevo marco legal en el que se establece un límite de 37,5 horas. En todo caso, se contemplan algunas jornadas especiales, en actividades como hostelería, trabajos agrícolas o comercios.
Sanciones
La norma tendrá que ser aprobada siguiendo los trámites ordinarios del Congreso de los Diputados y se hará efectiva cuando se haya publicado definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por el momento no se han definido sanciones específicas, pero las primeras estimaciones indican que las multas a las empresas, por no respetar la reducción de jornada laboral, podría alcanzar 10.000 euros por cada empleado afectado, según l borrador del anteproyecto de ley.
El objetivo principal de las sanciones es asegurar el cumplimiento de la norma, estableciendo sanciones que sean proporcionales al tamaño e ingresos de las empresas. De este modo, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se enfrentarán a sanciones proporcionales a su situación económica.
