Tras conocerse la sentencia del procés, Tsunami Democràtic animó a los catalanes a paralizar la actividad aeroportuaria como protesta, ya que han considerado injustas las penas a las que se enfrentan los líderes independentistas.
Estas manifestaciones provocaron el colapso del aeropuerto del Prat y la cancelación de 108 vuelos, además de cortes en el servicio de trenes. Las organizaciones de consumidores han recordado los derechos y obligaciones de consumidores y compañías. OCU y Facua aluden a los usuarios afectados por ambos servicios y les indican cómo deben actuar.
Según Facua, las compañías de transporte deben prestar asistenciasiempre que se produzcan retrasos o cancelaciones cuando estos sean causados por averías, huelgas del personal o en caso de que estén motivados por causas de fuerza mayor, como ha sucedido en Cataluña. Así, a pesar de que las cancelaciones o retrasos en los servicios de transporte de Barcelona no competen a la compañía, estaría obligada a prestar asistencia a todos los afectados.
¿Qué tipo de asistencia?
Si se ha cancelado el vuelo, los viajeros tienen derecho a obtener gratuitamente comida y bebida suficientes, alojamiento (si fuera necesario pasar una o varias noches), transporte entre aeropuerto y dicho alojamiento, y a dos llamadas telefónicas gratuitas. Asimismo, también podrían reembolsarle el dinero del billete u ofrecer un transporte alternativo.
Respecto a los trenes, si el viaje ha sido cancelado, la compañía debe proporcionar transporte, ya sea en otro tren o utilizando otro medio. En caso contrario, deberá devolver el importe.
Incumplimiento
Si las compañías se niegan o no cumplen con sus obligaciones, los afectados deberán presentar una hoja de reclamación, ya sea en el mostrador de las líneas aéreas o en puntos de información. La OCU, además, aconseja detallar expresamente los hechos y guardar toda la documentación posible, además de fotos y vídeos. Si no obtuvieran respuesta por parte de la compañía, FACUA recomienda a los viajeros presentar una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), como paso previo a reclamar ante los tribunales de justicia.