El término 'lawfare' ha sido uno de los más comentados en el pacto por la investidura, firmado entre PSOE y Junts. Se trata de un punto clave en el acuerdo entre ambas formaciones y que ha generado muchas reticencias entre los partidos de la oposición.
Desde Sumar, Jaume Asens ha defendido que no se ha incluido el concepto de 'lawfare' como tal y ha puesto como ejemplo algunos casos en el pasado, como el proceso que vivió la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell o los escándalos que sacudieron al exministro Fernández Díaz o a Ignacio Cosidó.
El 'lawfare' hace referencia al "uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos" que busca conseguir "por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", tal y como ha referido el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a través de sus perfiles en redes sociales.
El mes de febrer del 2020 vaig moderar un acte al Parlament Europeu sobre "Lawfare, judicialization of politics". Qui tingui interès a saber què és, allà s'hi van exposar casos escandalosos que afectaven líders polítics sudamericans, entre d'altres. L'ús estratègic de les lleis...
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 5, 2023
Nombres
Sin embargo, el pacto ha provocado reticencias porque incluye a cargos implicados por causas de corrupción ajenas a asuntos políticos, como Laura Borràs. En su caso, está condenada por un caso en el Instituto de las Letras Catalanas (ILC), que presidió entre 2013 y 2018, a 4 años y medio de prisión, 13 de inhabilitación y a pagar una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.
Otro nombre que ha generado enormes recelos en la aprobación de esta norma es Jordi Pujol, que ha sido planteado desde determinados sectores de Junts, aunque no por Puigdemont. Se considera que el ex presidente catalán fue víctima de la 'operación Cataluña' y se han recogido audios del caso Villarejo. Actualmente enfrenta una pena de nueve años de cárcel bajo petición de la Fiscalía.
Junts considera que se ha empleado el acoso judicial sistemático contra el independentismo y para desvirtuar las consultas del 1-O o el 9-N. La formación independentista también pone como ejemplo el caso Volhov, donde se investiga el posible contacto con altos cargos de la administración en un supuesto desvío de fondos en la logística del referéndum.
El partido pone nombres propios en este caso, se trata de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, Miquel Buch y Lluís Escolà. El pacto entre ambas formaciones para la investidura ya está sellado.
