El debate sobre la amnistía está polarizando la batalla política en el horizonte final hacia la investidura. Con las cuentas ajustadas, el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, busca crear un relato para lograr el trasvase de cuatro diputados socialistas desencantados con el nacionalismo catalán que pueda llevar a cambiar el color del Gobierno de España, una cuestión muy poco probable.
Como es tradicional en todo el período democrático, el nacionalismo vuelve a ser clave en la gobernabilidad de España y, en una era posterior al procés, con la sombra de la perspectiva Junqueras, Junts parece optar por el papel pragmático de CiU, que ya ha mostrado en Barcelona, donde ha mantenido encuentros con PSC y PP, donde los resultados se imponen a las quimeras políticas.
En este caso, los siete diputados de Junts, alzados como clave en la gobernabilidad del país, decantarán la balanza en la investidura de Pedro Sánchez, nadie sabe si también permitirán que termine la legislatura. En todo caso, su apoyo a Pedro Sánchez tendrá como contraprestación una nueva ley de amnistía para eliminar los delitos ocurridos en 2017.
Ley de Amnistía
El independentismo no ha detallado con exactitud en qué consiste la Ley de Amnistía que plantea en estos momentos. Habitualmente se plantea como una medida para perdonar delitos de forma colectiva ante un contexto determinado, sin necesidad de plantear sentencias, e incluye el olvido legal, por lo que se eliminan todos los antecedentes. Todo ello diferencia esta medida del indulto, que sí mantiene antecedentes y se aplica a individuos concretos.
A pesar de que esta medida se ha planteado en este contexto, ya existe un precedente. Fue en 2021, cuando Junts, ERC, PDeCAT y la CUP registraron en el Congreso de los Diputados una ley para amnistiar "todos los datos de intencionalidad política, cualquiera que fuere el resultado". Esta propuesta se extendía desde el 1 de enero de 2013 e incluía el 1-O hasta los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
¿Qué dice la ley?
La realidad es que la Amnistía como tal no se contempla en la Constitución y su encaje no queda del todo claro. De hecho, existen discrepancias en el seno de la Justicia sobre cómo abordar esta propuesta a nivel jurídico para abordar su constitucionalidad.
Entre quienes apoyan su encaje, defienden que la Constitución no la impugna expresamente y que, por tanto, se puede abordar. Por el contrario, los que discrepan argumentan que una amnistía equivale a un indulto general y recuerdan que se trata de una fórmula prohibida en el artículo 62 de la Constitución.
Aplicación en el pasado
En el pasado se ha concedido medidas similares. El indulto ha sido una figura aplicada en nuestro país, por gobiernos de diferentes ideologías. Felipe González concedió esta medida a 5.944 reos, José María Aznar a 5.948, una cifra que se vio reducida significativamente con Zapatero hasta 3.381 personas e incluso más con Mariano Rajoy, que la aplicó con 898 condenados.
En cuanto a la amnistía como tal, se puede tomar como precedente más claro la ley de amnistía de 1977, que buscaba eliminar todos los crímenes que se habían impuesto con "intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas", realizados antes de 1976 y hasta fechas más cercanas con determinadas condiciones.
Dicha norma fue aprobada por una importante mayoría en el Congreso de los Diputados, incluyendo la amnistía de los delitos de sedición y rebelión, actos de expresión a través de medios de comunicación, delitos cometidos por funcionarios o agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas o la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar. Alianza Popular fue el único partido que se abstuvo. Sin embargo, algunas asociaciones como Amnistía Internacional han denunciado que esta norma impidió juzgar algunos crímenes de la dictadura.
¿Qué propondría la norma y a quién beneficiará?
La ley de amnistía que propone el independentismo como contraprestación en la investidura de Pedro Sánchez remite, en cierta medida, a la norma propuesta y aprobada en 1977. En la actualidad hay multitud de causas judiciales abiertas por el procés y políticos de primer nivel encausados, con el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira, huidos.
En los casos de los exconsellers fugados, enfrentan penas de prisión si regresan a España. Además, hay causas pendientes y penas de prisión contra activistas que protagonizaron protestas violentas en el marco del movimiento Tsunami Democràtic.
Todo esto se suma al debate sobre el horizonte de Laura Borràs, la ex presidenta de Junts, que se encuentra condenada por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. La diputada Miriam Nogueras ha insinuado que esta norma debe incluirla, pero en el partido creen que su delito no tiene relación con el 1-O y en ERC se oponen rotundamente y vinculan su caso a la corrupción en la Institución de las Letras Catalanas.
La amnistía podría llegar a beneficiar a hasta un millar de personas, según los cálculos que ha realizado la asociación independentista Òmnium Cultural.
