El estallido del volcán en la Cumbre Vieja de La Palma ha provocado múltiples destrozos, incluidos barrios completos que han quedado sepultados bajo la lava. Los daños que deja este fenómeno de la naturaleza son incalculables, la gran mayoría no cubiertos por los seguros por su origen, mientras siguen ascendiendo mientras el volcán sigue activo y la lava sigue su paso.
El Gobierno canario ha aprobado una partida de once millones de euros con el objetivo de ofrecer ayudas de emergencia a empresas y ciudadanos que se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad por la emergencia que ha creado esta situación.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que declarará a La Palma como zona catastrófica en el Consejo de Ministros y aprobará ayudas inmediatas para los vecinos que acaban de perderlo todo: sus casas, sus pertenencias y sus empleos o modo de vida.
Para gestionar las ayudas, será imprescindible la aprobación de la zona catastrófica, una figura legal aplicada en lugares en los que se producen todo tipo de desastres naturales que afectan de manera intensa a la población local, como sucede en este caso.
¿Qué es la declaración de zona catastrófica?
La declaración de zona catastrófica se aprueba en el Consejo de Ministros cuando ocurre una catástrofe natural. Este hecho se entiende cuando ocurren fenómenos naturales, tales como inundaciones, terremotos, grandes nevadas o una erupción volcánica, que afectan de manera grave a un territorio y su población, originando daños materiales o personales.
Si sucede este hecho, el Gobierno puede declarar dicha zona como "afectada gravemente por una emergencia de protección civil". A partir de entonces se activan una serie de mecanismos enfocados principalmente a paliar los efectos del desastre natural y la reconstrucción del lugar en la medida de lo posible.
El artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, indica que se valora "que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población de un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".
Hay que tener en cuenta que la ley indica que se debe declarar la zona catastrófica cuando la emergencia ya ha pasado y se ha dado fin a las acciones de respuesta inmediata. Por ello, la declaración se produce posteriormente y sirve para recuperar otra vez la normalidad.
Además, existe un tiempo para poder ejecutarla, que se sitúa en un máximo de 15 días a partir del momento en que se inició la catástrofe. Con su aprobación, el Gobierno puede facilitar la activación de ayudas directas a todos los que se hayan visto afectados por los daños, ya sena particulares, empresas, industrias, producciones agrícolas o ganaderas, así como Ayuntamientos.
¿Cómo y quién la puede declarar?
La iniciativa para declarar la zona catastrófica puede partir de los Ayuntamientos o las Comunidades Autónomas afectadas por la emergencia, incluso otras carteras ministeriales. Sin embargo, las decisión última, como hemos comentado, parte del Consejo de Ministros, a través del Ministerio del Interior, de Administraciones Públicas y de Hacienda.
El primer paso es evaluar los daños. Posteriormente, las autoridades competentes delimitarán las zonas afectadas y emitirán un informe dirigido al Gobierno solicitando la declaración. Dicho informe debe tener un inventario de los daños personales o materiales, mostrar la perturbación que ha generado dicho fenómeno y que se hayan tenido que paralizar servicios públicos esenciales.
No son indemnizaciones, sino ayudas. Dichas subvenciones se pueden repartir entre líneas de préstamo del ICO, supresión de impuestos como el IBI, reducción de impuestos ligados a la actividad económica, así como moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social (hasta un año sin intereses de la Seguridad Social del los tres meses siguientes a la producción del siniestro).
El período de reducciones y moratorias se encuadrará entre el día en que se produjo la catástrofe natural y el día en que se empezó a operar con normalidad en la zona.
¿Qué supone para la isla de La Palma?
A pesar de que el volcán que ha estallado en la Cumbre Vieja ha afectado a una parte de La Palma, las ayudas podrán llegar a toda la isla por los efectos colaterales que sus ciudadanos han sufrido durante los últimos días y que padecerán durante las siguientes semanas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado que el Plan de Reconstrucción está enfocado en el urbanismo y la vivienda, la reconstrucción de carreteras y redes de abastecimiento de energía y agua, pasando por el impulso de las energías renovables, así como el relanzamiento turístico.
También se propondrá la ampliación de los ERTE hasta el 31 de enero, de forma que se cubra la temporada de Navidad y el rediseño de esta fórmula para adecuarse a la situación actual de los empleados locales.
La Ley 17/2015 establece en su artículo 24 algunas medidas como "ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad", también "a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes".
Además de las ayudas "destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios", "subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red diaria provincial e insular" y "ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina". A todo ello, se suman medidas fiscales y laborales para todos los afectados.
