Unificar toda la infraestructura de transporte público de España en un solo billete mensual. Incluyendo transportes por carretera, trenes e incluso los autobuses o metros urbanos de cada población. Este es el objetivo que se propone el ministro de Transportes, Óscar Puente, siguiendo otros modelos de Europa y que supondría un fuerte revulsivo en la transición ecológica y justa en nuestro país.
"El objetivo y el reto en 2026 es implantar el billete único en España, algo que tiene Alemania, que tiene allí ventajas y desventajas, y fallos que nos permiten aprender", ha explicado Puente durante un desayuno del Foro de la Nueva Economía.
La medida se ha aplicado en países como Austria y Alemania. Consiste en un abono unificado para todos los servicios de transporte público del país (incluyendo largas y medias distancia, pero excluyendo la alta velocidad) por un importe de 49 euros.
En España, la ONG Greenpeace propone también esta iniciativa, que llama Tarjeta T-Lleva, para la que pide un importe mensual de entre 30 y 49 euros mensuales para todos los ciudadanos.
El reto de implementación
La aprobación de esta medida supone, en todo caso, un complejo reto de colaboración entre administraciones y hasta un cambio de mentalidad. El Estado tan solo controla los servicios de Renfe y Cercanías (Rodalies en Cataluña) y el resto están en manos de Comunidades Autónomas y cada ayuntamiento del país.
Además, es poco habitual que ya existan sistemas de movilidad integrados y mucho menso abonos para disfrutar de ellos. Se puede encontrar en núcleos específicos como Madrid o Barcelona, que permiten comprar un abono mensual como tarifa plana que varía en función de la distancia a recorrer.
Estos abonos están ahora subvencionados, en el caso de la Comunidad de Madrid, hasta el 60%, que financia a partes iguales el Gobierno central y regional. Se presupone que la idea inicial es mantener los descuentos hasta la llegada de la tarjeta única integrada, aunque por el momento se han aprobado hasta verano de 2025.
En Madrid, esta reducción permite que un ciudadano residente en Aranjuez (límite con la provincia de Toledo) pague en la actualidad 32,80 euros mensuales frente a los 82 euros anteriores. También se nota en aquellos residentes en Toledo (zona E2), que previamente pagaban 131,80 euros para trabajar en la capital y ahora desembolsan 52,70 euros.
Una transición justa
El principal objetivo de la medida es facilitar la movilidad de todos los ciudadanos, pero sobre todo fomentar el transporte público, permitiendo que pueda salir a cuenta abandonar el coche, al menos, en los desplazamientos más frecuentes, pero incluso en los extraordinarios como las vacaciones. Una transición ecológica que permita que ningún ciudadano se quede atrás.
Así se plantea abiertamente en Austria, que fue pionera en 2021 con un billete que allí cuesta 79 euros mensuales y permite el uso de todos los medios de transporte del país. Son 949 euros anuales, a los que se puede sumar un complemento de 110 euros para viajar con hasta cuatro niños.
Este nombre de billete climático se enmarca en la necesidad de hacer más atractivo el transporte público frente al vehículo privado, mucho más contaminante por capacidad y falta de transición en los vehículos hacia modalidades más sostenibles. Un giro que permite combatir el cambio climático y adaptarse a las necesidades del planeta que habitamos.
