El caso Púnica lleva varios años sentando en el banquillo y provocando la dimisión de varios altos cargos políticos. Entre las retiradas más sonadas se encuentra la del ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, obligado a dimitir de todos sus cargos debido al acoso judicial y la presión social por su implicación en la trama.
Sin embargo, hay otros políticos que aún mantienen su cargo pese a las sospechas de una posible implicación en contrataciones públicas irregulares. Cristina Cifuentes está en el ojo del huracán desde que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la relacionara con el presunto fraude que supuso la adjudicación de la gestión de la cafetería del Parlamento regional madrileño al empresario Arturo Fernández mientras ella era presidenta de la mesa de contratación.
Un mandato ensombrecido
Desde que asumiera la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se ha esforzado por desvincularse de los años más oscuros que se sucedieron durante el mandato de la ya dimitida Esperanza Aguirre. La presidenta regional ha sido implacable en su discurso contra la corrupción y ha abanderado el cambio político en el PP de la comunidad. Incluso algunos sectores la han asociado con ser la esperanza blanca de un partido acosado judicialmente por los continuos escándalos y corruptelas.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un informe de la UCO desvelaba las posibles irregularidades que supuso la adjudicación de los servicios de la cafetería del Parlamento madrileño al dueño del Grupo Cantoblanco. En 2009, Cifuentes presidía la mesa de contratación que otorgó estos contratos públicos.
Además, por aquel entonces la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, advirtió a Cifuentes sobre una posible incompatibilidad de cargos puesto que la presidenta madrileña ostentaba hasta tres a la vez. En concreto, Cifuentes desempeñaba las labores de presidencia de la mesa, ocupaba un asiento en el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam (de la que curiosamente Arturo Fernández era donante), y ostentaba otro cargo en el comité de campaña electoral del PP.
La UCO considera en su informe que esta compatibilidad de cargos de la popular "vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la contratación" por lo que sería contraria a la ley y Cifuentes estaría cometiendo un delito.
Contrato a contrato
Pese a que Eloy Velasco, el anterior juez que investigaba el caso, destacara antes de abandonar la investigación -debido a un ascenso a la Sala de Apelaciones- que no veía indicios en contra de Cifuentes, las puertas judiciales siguen resonando en el entorno de la mandataria popular. Manuel García Castellón, el actual juez instructor del caso Púnica, tomará declaración como imputada a Tatiana Recoder. Su testimonio resulta importante debido a que fue ella la que advirtió sobre una triple incompatibilidad de los cargos que ostentaba Cifuentes.
La condición de aforada ha librado a la actual presidenta madrileña de ser interrogada por los agentes de la Guardia Civil. Solo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede solicitar que Cifuentes se siente a dar explicaciones ante un juez.
Sin embargo, la UCO sí ha interrogado a todos los integrantes de la mesa de contratación que otorgaba todos los contratos públicos del Parlamento regional al empresario Arturo Fernández tras rastrear durante meses las irregularidades de estas concesiones.
García Castellón retoma así la línea de investigación iniciada por los agentes. Durante estos interrogatorios por parte de la Guardia Civil, Recoder aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en la adjudicación de estos contratos puesto que su labor era dar una valoración jurídica. Asimismo, declaró ante los agentes que solo recomendó a Cifuentes a que se apartase de la mayoría de los cargos, pero no insistió porque no tenía responsabilidades en el proceso de contratación.
Cifuentes, aforada
El informe que entregó la UCO al juez Velasco y sobre el que Castellón continuará investigando reunió una serie de pruebas para sostener sus acusaciones contra los miembros de la mesa de contratación. Arturo Zubiri, uno de los integrantes de esta mesa, fue señalado directamente y acusado de elaborar una "falsa argumentación" para favorecer la adjudicación de todos los contratos a Fernández. Asimismo, la UCO afirma que los otros miembros, entre los que se encuentra Cifuentes, tuvieron que ser conocedores de estos hechos.
El caso Púnica continúa así esta línea de investigación que abrió en su día la UCO. El actual juez, García Castellón, tendrá que decidir si imputa al resto de miembros de la mesa tras tomar declaración a Recoder. Sin embargo, si todos los indicios y pruebas conducen hacia la puerta del despacho de la presidenta madrileña, el juez de la Audiencia Nacional deberá enviar una argumentación al TSJM para pedir la imputación de Cifuentes y poder así interrogar a la mandataria sobre su implicación directa o indirecta y su responsabilidad como presidenta de la mesa de contratación.
