El Govern de la Generalitat tiene la intención de rebelarse y no acatar la intervención de la autonomía, tal y como sucederá con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una decisión que ya contempla la Fiscalía, que está preparando una querella por rebelión que conlleva penas de cárcel de hasta 30 años.
Los planes del Gobierno de Mariano Rajoy pasan por colocar un gobierno tecnocrático dirigido desde la Moncloa con el único fin de encaminar a la Generalitat a la convocatoria de elecciones.
El Ejecutivo central quiere colocar a un nuevo interlocutor elegido en las urnas para resolver la crisis catalana de manera pactada. En este debate no se descarta una modificación de la Carta Magna, tal y como ha indicado el entorno de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, el Govern no pretende acatar esta norma. Según relata El Confidencial, la intención del Ejecutivo autonómico pasa por atrincherarse en las Consejerías y evitar el desalojo del Palau o, al menos, escenificar la imposici´on de esta norma por parte de las autoridades españolas.
Junto con esta decisión, la mesa del Parlament presidida por la expresidenta de la ANC, Carme Forcadell, también está debatiendo la declaración formal de independencia. Sería de manera unilateral y presumiblemente este lunes, cuando el Senado aprobará el 155 y se activará la sustitución del Ejecutivo autonómico.
Los planes del soberanismo pasan por escenificar que La Moncloa está violando la voluntad del Gobierno autonómico con el fin de recabar más apoyos a nivel social y llamar a la intervención de Europa, tal y como se desprende del informe EnfoCATS intervenido por la Guardia Civil de la mano derecha de Junqueras.
Sin embargo, las autoridades europeas continúan afirmando que se trata de un problema interno y no esconden su apoyo al gobierno central. Juncker explicó las causas cuando afirmó que no quería una Europa completamente fragmentada con "más de 90 estados".
