Una década en prisión. Esa sería la condena que podrían enfrentar el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras o la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell; en el caso de que el referéndum de independencia se consume el próximo 1 de octubre.
La sentencia llegaría tras la decisión de la Fiscalía de incluir el delito de sedición a los impulsores más destacados de esta maniobra que ya ha sido paralizada por el Tribunal Constitucional.
El delito contemplado acarrea penas de prisión de entre ocho y diez años de cárcel en el caso de los particulares. Sin embargo, Puigdemont, Forcadell o Junqueras son autoridades públicas: un detalle que se prevé en el artículo 545 del Código Penal y que conlleva penas de prisión de entre 10 y 15 años. Es decir, al superarse los dos años, sería indiferente si cuentan antecedentes: irían directamente a prisión.
La imputación de estos delitos tan solo llegaría si el Gobierno autonómico realiza definitivamente el referéndum ilegal. El Código Penal contempla el delito de sedición para aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
De cualquier manera, el Gobierno autónomico al completo ya se encuentra imputados por los delitos desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, por la compra del material de la consulta a cuenta del erario público y saltándose al completo la ley.
Los dos primeros delitos solo suponen la inhabilitación para ostentar cargos públicos y una multa; pero el de malversación de caudales públicos puede conllevar penas de prisión de entre cuatro y ocho años de cárcel. Es decir, la situación judicial se complicaría para los actuales cargos del Govern.
Este lunes 18 de septiembre entra en vigor la fiscalicación de las cuentas por parte del Gobierno central para asegurarse de que no se destina ni un solo euro de dinero público a la celebración de la consulta.
Si así sucede, la Justicia podría obligarles a devolver todo el dinero que se han gastado en la colocación de las urnas, tal y como le sucedió a Artur Mas, que tuvo que poner de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la celebración del 9-N.
