Un día después de la consecución del Referéndum de independencia de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional, la vía a seguir por parte de la cúpula del Govern parece aclararse: la Generalitat proclamará la independencia unilateral en los próximos días.
Puigdemont había afirmado en repetidas ocasiones que no tomaría tal decisión de manera no consensuada por el Estado. Pues bien, la situación cambia a partir de ahora, según el gobierno catalán, "por el uso de la fuerza indiscriminada" que ejerció el Gobierno central para frenar la consulta.
Con prácticamente un 90% de los votos a favor de la salida del país (una cifra que, en realidad, representa al 32% del censo electoral y con un sector a favor de la unidad de España que no quiso participar en la consulta por no reconocer su validez), el Govern se ve legitimado para continuar con un desafío que puede desembocar en una crisis política sin precedentes.
El president ha anunciado su intención de llevar los datos del referéndum al Parlamento y activar la Ley de Transitoriedad, que iniciará la desconexión con España. Un gesto que La Moncloa no reconoce y que podría desembocar en la activación del artículo 155.
En el Parlament hay una mayoría consistente, una situación que no se replica en el Congreso de los Diputados. El PP depende, en cierta medida, del PNV para aprobar sus cuentas. Los nacionalistas vascos, sin embargo, se ven en una situación muy complicada ante la actitud con la que Rajoy está afrontando la crisis catalana.
La vía, en este caso, podría pasar por un adelanto de elecciones, una opción que no se descarta desde Génova, y que obligaría a todas las formaciones a retratarse en el asunto catalán.
La posición más complicada, en este caso, es la del Partido Socialista, que mantiene su apoyo al Gobierno, pero quiere desmarcarse de la respuesta contundente. Además, ambas formaciones difieren en el modelo territorial del Estado: El PP quiere mantener el Estado de las Autonomías, y el PSOE apoya la vía federal.
Rajoy, que se muestra dispuesto al diálogo "dentro de la legalidad" parece tender la mano al Govern, aunque parece improbable que se muestre dispuesto a pactar una consulta, teniendo en cuenta que el argumentario de la formación conservadora mantiene "la defensa de la unidad de España" como uno de sus principales argumentos electorales.
En todo este terremoto, poco a poco crecen las voces que piden una consulta o, al menos, una salida pactada a la crisis catalana, el desafío más importante que enfrenta España desde la época de la Transición.
Huelga general
En el sector independentista también hay división en torno a la vía a tomar a partir de ahora. La CUP y los sindicatos mayoritarios apuestan por celebrar una huelga general que paralice Cataluña y que obligue a Europa a intervenir en la situación. Una idea que ha creado menos simpatías en ERC y que queda completamente descartada en el PDeCAT.
Los sectores independentistas están reclamando una intervención de Europa, pero parece difícil. Bélgica, el país que se pronunció con mayor tono, se limitó a decir que condenaba "todos los tipos de violencia", una nueva versión del antiguo "asunto interno" con el que las potencias extranjeras quieren evitar tomar partido en el conflicto.
Gran parte de los países europeos, como Alemania, Francia o Italia, enfrentan conflictos territoriales similares al español (aunque actualmente de menor calado). Si apoyan la vía catalana, estarían mostrando un apoyo velado a esos gobiernos regionales que no quieren ver fuera de sus fronteras.
