El pulso entre la Generalitat y el Gobierno central tiene unas fechas establecidas en el calendario para llegar a su fin. Carles Puigdemont, President de la Generalitat, ha respondido al Senado mediante una carta que llegaba a las 10:03 horas, tres minutos tarde, pidiendo al Gobierno central que no destituya al Govern puesto que esto significaría incumplir otros artículos de la Carta Marga española.
El President asegura en su misiva que el Gobierno de Rajoy puede darle instrucciones a las autoridades de Cataluña para que cumplan con las obligaciones que están establecidas en el marco legal. Sin embargo, cree que este hecho no justifica la destitución de un Govern elegido democráticamente para ejercer sus funciones en el Parlament, una institución que tiene una autonomía reconocida por la Ley de leyes.
Asimismo, Puigdemont ha confirmado que no acudirá al pleno del debate de la Cámara Alta. Sin embargo, ha designado para ello al delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell. En el caso de que Mascarell no pudiera acudir, delega el papel de defensa de sus posiciones en los senadores catalanes Josep Lluís Cleries y Angel Estradé, del PDeCAT y ERC respectivamente.
Una situación extraordinaria más grave
El burofax enviado desde la Generalitat llegaba fuera del plazo establecido. Concretamente, tres minutos más tarde de las 10:00 horas fijadas. El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries explicaba que se había atascado el papel. La Cámara Alta, sin embargo, ha decidido admitirlo tras una breve discusión.
En el documento de ocho páginas enviado al Senado, Puigdemont alega que si se aplica el 155 y se arrebata la autonomía a Cataluña, la situación pasará de ser grave a ser todavía "más grave y extraordinaria". El President asegura que la aplicación del 155 por parte del Gobierno central "no es un cheque en blanco" que da plenos poderes al Estado para controlar una comunidad autónoma.
Asimismo, en las explicaciones de defensa de su postura, asegura que las medidas tomadas a raíz del 155 deben ser "concretas, de contenido y alcance precisos", censurando así la intervención que prevé hacer el Ejecutivo central tras destituir al Govern de las consejerías, los Mossos, Hacienda y los grupos audiovisuales públicos de comunicaciones catalanes.
El Govern consiera que Rajoy está sobrepasando todos los límites que le otorga la Constitución puesto que, según Puigdemont, "no se dirige solo a que la Generalitat revoque la declaración de independencia, sino que despoja prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones". Por tanto, pide al Gobierno que la ejecución de estas medidas dé instrucciones a la Generalitat pero que no se apropie de unas instituciones que emanan del voto de las urnas.
Asimismo, el documento aclara a la Cámara Alta y al Gobierno que la interpretación del artículo 155 debe hacerse atendiendo a otros artículos que están refrendados también en la propia Carta Magna. Entre ellos, se encuentran los que defienden los principios de unidad y autonomía, los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Para ello hace referencia al artículo 2 que garantiza el derecho a las autonomías; el artículo 137 que reconoce el derecho a las mismas a gestionar sus intereses y el artículo 152, que establece la organización institucional de estos territorios en base a unas cámaras elegidas por sufragio universal.
Todas estas menciones a los articulados de la Constitución por parte de Puigdemont llegan tras el continuo incumplimiento por parte de la Generalitat a la legalidad del conjunto del Estado durante los últimos meses. Ahora, la Generalitat pide al Gobierno que respete unos artículos para que no aplique en su totalidad el 155 cuando el Govern ha sobrepasado los límites establecidos en el Ordenamiento Jurídico desde los días 6 y 7 de septiembre con la aprobación de las leyes de desconexión.
De igual modo, el President lamenta en la misiva el rechazo del Gobierno a su oferta "sincera" de diálogo mientras recalca que las medidas que emprenda el Senado para restablecer la legalidad en Cataluña sean "congruentes con el objetivo específico del requerimiento". Puigdemont considera que el Ejecutivo central se ha extralimitado en sus actuaciones al querer asumir los poderes del Govern de la Generalitat. Además, alude a los artículos 152 y 67.7 de la Constitución para rechazar tajantemente el cese de su propio cargo como President.
Cataluña invoca ahora a la legalidad
El todavía dirigente catalán considera que Rajoy va a empeorar la situación del conflicto con Cataluña al aplicar unas medidas "de amplísimo espectro y de vigencia indeterminada cuya ejecución comporta inaplicar la propia Constitución española", atendiendo -ahora sí- a la legalidad vigente que todos los españoles y las españolas, procedan de la comunidad autónoma que procedan, están obligados a cumplir.
Asimismo, los grupos nacionalistas independentistas PDeCAT y ERC del Senado ya presentaron el miércoles 25 los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se proceda a la suspensión de la aplicación del 155. Los senadores catalanes aluden a la vulneración de los derechos de los parlamentarios al haberse llevado a cabo la puesta en marcha del artículo de suspenso de la autonomía en unos plazos y tiempos muy ajustados.
Sin embargo, olvidan los senadores que esta posibilidad de debate y presentación de enmiendas ya fue vulnerada por el Parlament por parte de Junts Pel Sí y la CUP cuando aprobaron la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Política, declaradas ambas inconstitucionales.
Desde entonces, las fuerzas soberanistas han tenido casi dos meses para frenar el incumplimiento de la normativa como le pedía el Gobierno central. Tras el continuo salto al vacío obviando las leyes vigentes, la puesta en marcha del 155 ha sido una respuesta al quebrantamiento del marco legal al que constantemente se les pedía volver a los independentistas. Acertada o no la aplicación de este artículo, su puesta en marcha y aprobación definitiva el viernes 27 por el Senado parece ya inevitable.
